derechos de autor

La nueva legislación sobre derechos de autor en la Red obligará a webs y plataformas digitales a pagar por enlazar contenidos sujetos a derechos. Es el fin de la era del hipervínculo.

La cabezonería que muestran los editores y el Gobierno de España en cobrar a los agregadores de Internet por enlazar noticias resulta incomprensible para todos aquellos que creen que en la libre circulación de la información. En 2015 se aprobó una Orden Ministerial que establecía una metodología para crear un catálogo de tarifas. Su aplicación ha resultado ser un fracaso y ahora el Tribunal Supremo ha decidido anularla por un defecto de forma.

La Unión Europea está abordando la reforma sobre los derechos de autor con el fin de adaptarlos al mundo digital. Tras ser debatida en el Parlamento Europeo con diversos actores, en el último borrador se abandona la idea de crear unos “derechos conexos” que permitirían a los editores negociar una compensación económica con los motores de búsqueda y agregadores por el uso de sus contenidos.

El TS pone fin al sistema de canon digital que implantó el Partido Popular en nuestro país. Era un desenlace esperado tras el varapalo que supuso que el Tribunal de Justicia de la UE entendiera la excepción de la copia privada en la protección de los derechos de autor. Los consumidores españoles están de enhorabuena.

Obligaría a plataformas como Google o Facebook a pagar una licencia similar a la que pagan las radios por emitir música.

El próximo 25 de mayo entrará en vigor en España, sin plazos ni prórrogas, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de ámbito europeo. Por otro lado, la Comisión europea perfila su proyecto de reforma sobre derechos de autor, con posturas encontradas, con rechazo en el Norte de Europa y defensa en Alemania, Francia, Italia y España. Aunque ambas normativas pretenden en teoría defender al ciudadano y a los productores de contenidos, pueden ser un arma de doble filo e indican un concepto de la era digital anticuado y contraproducente.

El Informe de Transparencia muestra que, en tan solo un año, el gigante de Internet ha eliminado 910 millones de URLs a instancias de los titulares de copyright.

La Directiva sobre derechos de autor se opone a que la compensación destinada a los autores por la copia privada de sus obras esté sometida a un sistema de financiación vía Presupuestos como en España, ya que “no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas”.