¿Podrán comportarse como Cambridge Analytica los partidos políticos de España?

El escándalo de Cambridge Analytica, la empresa que había recopilado a través de Facebook datos de miles de personas para segmentar publicidad política en redes sociales, puso contra las cuerdas al mismísimo Mark Zuckerberg y en parte podría ayudar a explicar la progresiva decadencia del imperio que levantó. Desde entonces, la lucha por la privacidad se ha recrudecido y algunos poderes públicos incluso han puesto en marcha potentes leyes para proteger los datos personales (véase la Unión Europea y el GDPR).

En España, sin embargo, parece que se remará en otra dirección, fruto de los peculiares pactos a los que llegan partidos políticos generalmente enfrentados en casi todo aquello que pueda beneficiar a algún ciudadano. Según informa 'Público', uno de esos pactos ha permitido que se esté ultimando la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que incluirá una disposición final que ha despertado los recelos de algunos juristas. Al parecer, dicha disposición, en su segundo punto, introduce el artículo 58 bis, que habilita a los partidos políticos a recoger datos de los ciudadanos "obtenidos en páginas web [sin especificar qué se entiende como tal] y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral". Véase, por ejemplo, enviar propaganda. A buen entendedor...

Lo curioso es que dicha actividad se ampara "en el interés público", sin más detalles que permitan conocer qué han entendido los partidos propulsores de esta ley como tal. Aunque el texto también obliga a los partidos a ofrecer "garantías adecuadas" para realizar esta actividad, aunque la indefinición tampoco ayuda: ¿Significa que son los partidos los que deberán determinar qué "garantías" ofrecen? ¿Habrá también consenso a la hora de especificarlas?

Sin embargo, y en realidad, el polémico artículo afectará a la Ley Electoral: la propaganda política "por medios electrónicos o sistemas de mensajería", así como mediante "redes sociales o medios equivalentes", no será considerada publicidad, de manera que esquiva la regulación que impone al respecto la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Dicha regulación restringe el envío de publicidad no solicitada por los usuarios, algo que los partidos políticos, según las denuncias de los juristas consultados por varios medios, sí podrán hacer. Como consuelo, y para que no todo sea tan negativo, parece que el receptor se podrá oponer a posteriori. Algo es algo.

Está por ver el encaje de la nueva legislación con el GDPR europeo, que en su refuerzo del poder que tienen los usuarios sobre sus datos obliga a las empresas que los recopilan a especificar qué harán con ellos, de manera que cualquier europeo sabe de antemano que su actividad digital genera unos datos que serán recopilados, y para qué fines se utilizarán. Tal vez la flexibilidad que los partidos políticos de España han mostrado a la hora de llegar a un acuerdo que permita sacar adelante este texto sea demasiado a ojos del GDPR. Por lo pronto, ya lo está siendo a ojos de algunos expertos en Derecho. Habrá que ver qué piensan los ciudadanos al respecto.

Privacidad e Internet ¿son tan incompatibles?

Qué hacer cuando quien dicta las leyes también nos está espiando.

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