Francia desea contar con la figura de un mediador que determine la legalidad de los contenidos en Internet. Por ello se ha presentado una proposición de ley en el Senado que solicita la creación de un Defensor del Pueblo en digital elegido por la CNIL (Comisión Nacional de la Informática y las Libertades).
El texto plantea que las compañías de Internet puedan acudir al Defensor en caso de dudas acerca de la legalidad de contenidos y URLs. Es decir, este mediador intervendría en el caso de que a un actor se le solicite la exclusión, el bloqueo o la supresión de contenidos y no esté seguro de sus responsabilidades legales, al considerar que no tiene la experiencia necesaria para decidir con certeza sobre dicha solicitud. En ese caso, el Defensor tendría siete días para realizar su dictamen final, pero no vinculante. La calificación que realice permitirá guiar al demandante en su decisión de suprimir, bloquear o eliminar el contenido.
La figura del mediador ayudaría fundamentalmente a las empresas pequeñas que no pueden permitirse contratar los servicios de un departamento jurídico que evalúe los riesgos que entraña la publicación de material online.
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