El superintendente de Comunicación del Gobierno de Correa convocó a los medios al cumplirse tres años de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Comunicación. Durante la rueda de prensa, Carlos Ochoa aseguró que este organismo ha recaudado hasta la fecha 633.000 dólares del cobro de multas aplicadas a los medios por el cometimiento de infracciones, informa el periódico ecuatoriano “El Universo”.
Carlos Ochoa sospechaba que la prensa iba a dar un enfoque no deseado a esta información y se lo hizo saber a los medios allí presentes con una amenaza: “Espero que mañana no salga el titular: 633.000 dólares ha cobrado la Superintendencia en los tres años de trabajo. Aspiro. Dicen que guerra avisada no mata gente, decía mi abuelita”.
Durante el período en el que la ley ha estado vigente, se han tramitado 896 procesos, de los cuales 469 (el 52%) fueron iniciados de oficio por la Supercom. En total, se reportaron 561 sanciones, que se dividen en 281 para radios; 169 para medios impresos y 111 para audiovisuales, “entendiendo que no todas son pecuniarias, que no llegan ni siquiera al 30%”, precisó el mandatario.
A pesar de que Ochoa asegura que la Superintendencia de Comunicación no es un “organismo represor”, sino que lo que pretende simplemente es “educar para prevenir”, César Ricaurte, director de la organización Fundamedios que monitorea la situación de la libertad de expresión en Ecuador, calificó la ley como “una verdadera masacre contra los medios privados”. Desde este organismo aseguran que al tener que hacer frente al pago de varias multas se pone en grave riesgo la continuidad de las empresas periodísticas.
Ochoa, que ya anunció que esperará “el momento político adecuado” para presentar un proyecto de reforma a la ley que sancione de manera más “drástica” el linchamiento mediático, ha conseguido el efecto contrario al pretendido con su advertencia a los medios. La prensa destacó en sus informaciones precisamente que la Supercom usó supuestas infracciones de las organizaciones periodísticas para beneficiarse con las multas.
Uno de los más críticos con la Supercom ha sido Alfonso Espinoza, presentador de la cadena Ecuavisa, que ha asegurado que no hay nada que celebrar tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Comunicación. “No se puede medir la eficiencia de esta ley por sanciones, multas y causas judiciales impuestas a los medios, ¿o es que la ley fue creada solo con misión persecutoria y sancionadora?”, se preguntaba Espinoza. Ochoa solicitó un espacio de réplica para explicar que se convocó a los medios con el único fin de informar a la ciudadanía de las actividades de su organismo y no para celebrar nada. Además puntualizó que “en ningún momento se mencionó, en nuestra rendición de cuentas, que el monto de las multas constituía una muestra del éxito de la ley como también se afirmó aquí erróneamente”.
Espinoza añadió que la ley “no se ajusta a principios democráticos” porque la comunicación oficial no está sujeta ella. Ante acusaciones como que los medios privados se autocensuran, no hay investigación y se restringe la opinión contraria, Ochoa respondió que el presentador se contradice: “Llama la atención que tengan total libertad de expresión para decir cada día que no hay libertad de expresión”.
El superintendente mantiene una guerra abierta con Ecuavisa, sobre la que ha emitido una llamada de atención sin un proceso previo y en pocas horas al considerar que el entrevistador Alfredo Pinoargote efectuó “constantes interrupciones” al Ministro del Interior, José Serrano. El mandatario acudió al canal para replicar unas declaraciones suyas que se habían tergiversado sobre los procesos por narcotráfico y, ante la actitud de Pinoargote, Ochoa ha advertido al medio que ha puesto en riesgo el ejercicio de los derechos de la comunicación y le pidió mejorar sus prácticas comunicacionales.
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