LuxLeaks fue uno de los primeros proyectos del ICIJ para publicar filtraciones relacionadas con la evasión fiscal e involucraban directamente a las autoridades de Luxemburgo.
LuxLeaks reveló en sus documentos que 350 multinacionales de la talla de Pepsi, Ikea, Fiat o Amazon tenían acuerdos secretos con las autoridades de Luxemburgo, donde tributaban sus actividades en Europa, para crear un marco fiscal a su medida y ahorrarse millones de euros en impuestos. Estos datos fueron filtrados por dos trabajadores de la consultora PwC, Antoine Deltour y Raphaël Halet, y un periodista, el francés Edouard Perrin. Estas tres personas serán juzgadas esta semana y se enfrentan a penas de entre 5 y 10 años de cárcel.
Los dos empleados de PwC filtraron documentos que probaban los pactos de las autoridades luxemburguesas (con Jean-Claude Junker, actual presidente de la Comisión Europea, como primer ministro y ministro de finanzas de Luxemburgo en aquella época) con algunas multinacionales. Con esos documentos el periodista francés elaboró un reportaje para televisión y después cedió los archivos al ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación). Esta agrupación afirma que “la acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto al papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, en palabras de Gerard Ryle, director del ICIJ. Transparencia Internacional, por su parte, ha afirmado que "Deltour debería ser protegido y alabado, no perseguido. La información que él reveló es de interés público", según Cobus de Swardt, director general de esta organización con sede en Berlín.
La directiva Trade Secrets podría matar las filtraciones y ocultar la verdad
El juicio llega apenas unos días después de la aprobación por parte de la Comisión Europea de la directiva Trade Secrets, que permitirá que las multinacionales puedan determinar qué es un secreto comercial (cuya divulgación sería un delito) y qué no lo es. De este modo, toda revelación de secretos por parte de empleados de esas compañías podrá ser denunciada por la empresa afectada. Una forma de proteger a las empresas de las filtraciones que, sin embargo, pone en peligro el trabajo de los implicados en las recientes filtraciones, cuyo objetivo es hacer públicas las prácticas de las grandes fortunas. Con estos cambios legales se dificultarán futuras filtraciones y difícilmente se harán públicos determinados abusos.
El proceso ha generado las protestas de organizaciones civiles y asociaciones de periodistas, al apuntar directamente al mensajero como el malo de una película que simplemente se encargaron de revelar a la opinión pública para demostrar la impunidad con la que evaden impuestos las grandes empresas en la Unión Europea, lo que cuesta cada año entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos perdidos. Pero el malo es el periodista.
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