La España robada

A diferencia de Niza, la publicación de “los papeles de Bárcenas” produjo un tsunami político cuyas consecuencias aún no pueden cuantificarse con certeza, más allá del enorme daño electoral que le hiciera al partido de gobierno, que si bien fue la formación más votada en las últimas elecciones, perdió la mayoría absoluta conseguida cuatro años atrás y hoy ve cómo su rival político pide en el Congreso de los Diputados ser investido presidente del Gobierno.

Tampoco el posicionamiento de los españoles en relación a la corrupción escapó a los efectos del tsunami: actualmente son legión aquellos que se declaran hartos de la corrupción política. Quizás ahora muchos de ellos se arrepientan de haberles dado su apoyo en cada cita electoral a políticos seriamente cuestionados en su honorabilidad, a pesar de los fuertes hedores que despedían las instituciones que estaban bajo su tutela. Este cambio de hábito se ve asimismo potenciado por la grave crisis económica que golpea a España desde 2008, vaciando los bolsillos de los españoles y despertándoles del sueño que les vendieron – y compraron gustosos - bajo el rimbombante nombre de “milagro español”. Los Mercedes y los Audis perdieron su eficacia a la hora de tapar tanta podredumbre moral.

¿Es España un país corrupto? Esta pregunta se repite una y otra vez en cada tertulia política, en artículos, libros e incluso en series de televisión que abordan este tema con la seriedad que da el humor de calidad.

El escritor Jordi Soler asegura en El País que la corrupción florece en España gracias a la tolerancia de las personas que rodean al corrupto y que le permiten, seguramente porque también ellas van a beneficiarse, hacer negocios turbios.

Para Soler, esa corrupción gaseosa que inunda últimamente los periódicos y los noticiarios se debe, ni más ni menos, a que vivimos en un país que no sólo tolera a los corruptos, sino que también carece de los resortes morales para condenarlos; la corrupción en España, y en el mundo hispano en general, no está mal vista, de hecho goza de cierto prestigio, de otra forma no se explica cómo hoy la mayoría de los ciudadanos votaría por un partido que está hundido en la corrupción, asegura.

El sombrío escenario dibujado por Soler se construye sobre unos números escalofriantes para un país europeo. Sólo por citar los casos de corrupción más emblemáticos que se juzgan en los tribunales suman un total de 7.867 millones de euros, según el cálculo elaborado por bez.es a partir de los distintos informes elaborados por el Ministerio Fiscal y los Agentes de Seguridad del Estado, que rastrean el dinero distraído. A este total hay que añadir las cantidades defraudadas en el resto de causas por corrupción que tramitan los juzgados españoles. Los tribunales gestionan en la actualidad un total de 1.700 procedimientos por delitos de corrupción con más de 500 imputados, según las últimas cifras aportadas por el Consejo General del Poder Judicial. Lo cierto es que la suma de estas causas elevaría la cifra de dinero defraudado a poco más de 10.500 millones de euros, es decir poco más de un punto del PIB español. O, para seguir jugando con las comparaciones, ese dinero perdido en un pozo negro igualaría el monto de los recortes en sanidad y educación efectuados por la Administración Rajoy en 2012, año en que la tijera vivió uno de sus años más gloriosos.

Otro dato. La situación de la corrupción en España empeoró en el último año y es junto con Hungría, Macedonia y Turquía uno de los países europeos que más preocupa a Transparencia Internacional, según se explica en el informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, estudio que mide los niveles de corrupción en el sector público de 168 países.

Así las cosas, España se sitúa en el puesto 36, con una puntuación de 58 puntos, por debajo de países como Qatar, Estonia, Bután, Botswana, Portugal o Polonia. «Es muy preocupante el deterioro en países como Hungría, Macedonia, España y Turquía, donde estamos viendo cómo aumenta la corrupción y disminuye el marco para la sociedad civil y la democracia», indicó Anne Koch, directora para Europa y Asia Central.

Tampoco la historia absuelve a España en este terreno. El periodista Javier Rioyo cuenta que Miguel de Cervantes vivió en compañía de villanos y rufianes, de jugadores de ventaja y tahúres. Una biografía llena de aventuras, naufragios, prisiones, cárceles y garitos. Amigo del naipe, conocedor de tretas, jugador de ventaja, compañero de ganchos y cómplices de tahúres. Por esa senda se tropezó con altos eclesiásticos, duques y reyes, con poetas y editores, relata.

Rioyo cita al experto en Cervantes, Arsenio Lope Huerta, quien recuerda que en tiempos del Quijote se vivían años de esplendor y decadencia, de riquezas y picardías, el juego era parada y fonda de la plebe y de los poderosos.

Rioyo sigue tirando de historia y cuenta que el rey Felipe III, beato, abúlico, meapilas y dominado por sus validos, que no “sacaba los pasos de los conventos de monjas, ni los oídos de las consultas de frailes”, fue uno de los mayores tahúres de la Corte. Perdió grandes cantidades al juego mientras dejaba que crecieran la fastuosidad y la corrupción en su propia casa. El rey reza, se enriquece, juega y disimula. El pueblo peca y juega. Todo está bien, todo en desorden, concluye Rioyo.

El “capitalismo de amiguetes”, como los propios españoles llaman la forma de hacer negocios en el país, y semilla de corrupción, viene de muy lejos, tanto que el propio Adam Smith ya lo explica en “La riqueza de las naciones”, cuya primera edición vio la luz en 1776.

El padre del liberalismo explica que la política de comercio con las colonias restringió el comercio a un puerto determinado de la metrópoli, de donde no se permitía zarpar a ningún barco salvo que estuviese integrado en una flota y en una estación dada del año; si zarpaba en solitario, debía pagar una licencia especial, que casi siempre era muy cara. Esta política, sigue, evidentemente abría el comercio colonial a todos los nativos de la metrópoli, pero siempre que comerciaran en el puerto debido, en el momento debido y en los barcos debidos. Pero todos los comerciantes que asociaban sus capitales para fletar esos barcos autorizados veían que les convenía actuar en concertación. El beneficio de estos comerciantes resultaba exorbitante y opresivo.

El profesor de Ética pone el dedo en la llaga cuando pregunta si los enormes beneficios de los comerciantes de Cádiz expandieron el capital de España.

“¿Es que aliviaron la pobreza o promovieron la economía de ese país tan miserable? El tono del gasto mercantil en esa ciudad fue tal que esos exorbitantes beneficios no sólo no aumentaron el capital general del país sino que apenas resultaron suficientes para mantener los capitales que los originaron. Cada día los españoles procuran tensar los irritantes lazos de su absurdo monopolio para expulsar a los capitales extranjeros de un comercio que sus propios capitales se revelan cada día más incapaces de desarrollar. Si se comparan los usos comerciales de Cádiz con los de Amsterdam se observa cuán diversa es la reacción de la conducta y personalidad de los comerciantes ante los beneficios del capital elevados y reducidos”, compara.

Smith destaca que en España se gastan solo los beneficios que ayudan a sostener el derroche suntuoso de los mercaderes de Cádiz. Y es en este punto donde pasado y presente confluyen.

En efecto, hoy, las distintas tramas corruptas en lugar de agrupar a comerciantes como en la época de la colonia, aglutina a políticos de distintas agrupaciones políticas, pero con un mismo objetivo: hacerse millonarios gracias al dinero público aún a costa de la reducción de la riqueza nacional.

El periodista de El País José Luís Barbería asegura que “El caso Pretoria”, destapado hace seis años, es una muestra reveladora de corrupción multipartidista, un ejemplo de cómo la codicia reú­ne, incluso, a políticos de ideologías contrapuestas en el saqueo de las arcas públicas. En los fraudes urbanísticos del área metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Convergència; un diputado autonómico socialista; y dirigentes menos notorios del PP. Según la Fiscalía, “formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” a cambio de “cuantiosas comisiones que ocultaban a través de sociedades interpuestas”.La investigación puso también de relieve que en los ámbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicación de proyectos en una serie de municipios, “había que contar con la autorización mediata de Luis Andrés García, el diputado socialista”. O, como diría Smith, subirse al barco adecuado.

Barbería subraya que los ricos burlaron casi todos sus impuestos en España a lo largo de la historia: es un apunte repetido por los cronistas de época. En 1902, el ministro de Agricultura declaró en el Senado que el fraude fiscal por la propiedad se situaba entre el 50% y el 80% porque las grandes haciendas no pagaban nada. Un tercio de los impuestos cobrados se lo quedaban los agentes encargados de recaudarlos. Así que, en efecto, España tiene amplios antecedentes de corrupción política. “Todo está podrido en España menos el corazón de la gente pobre”, dejó escrito el historiador británico Napier.

Para Barbería una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absoluto de las viejas clases dominantes asociadas a las oligarquías financieras e industriales que suplían la debilidad estructural del capitalismo español con las ventajas que les ofrecía el paraguas del régimen. El “enemigo público número uno” era el robagallinas, primero, y atracador, después. Barbería destaca que la democracia no supo atajar estas sucias prácticas y la infección silenciosa de la corrupción hizo metástasis en el sistema hasta el punto de que no hay partido de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, a salvo de la gangrena. Más que en la ideología, la diferencia en el grado y la extensión hay que buscarla en el mayor o menor control del ámbito institucional ejercido por cada sigla y en las probabilidades de impunidad.

España parece condenada a vivir de la picaresca como si aún estuviera en su Siglo de Oro, con el agravante que por sus calles ya no caminan Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo o su último exponente Pedro Calderón de la Barca, sino tesoreros de partidos políticos, alcaldes, cargos públicos y una amplia fauna que incluye familiares del mismísimo rey de España. Eso es lo que cuenta la historia.