Si algo le caracteriza al kirchnerismo es su capacidad para poner de los nervios a los mercados más sensibles, como, por caso, el de las telecomunicaciones. En efecto, desde que el Gobierno anunció el envió al Congreso de un proyecto de ley llamado “Argentina Digital”, los responsables de las empresas de telefonía, de televisión en todas sus modalidades, y de medios de comunicación, comenzaron a dormir como bebes, es decir, durante las noches se despertaban cada tres horas para llorar. Cualquier iniciativa del kirchnerismo, de por sí, produce desconfianza por lo que puede esconder; sobre todo cuando en el proyecto de ley aparecen términos como servicio o interés público.
Ayer miércoles, el proyecto de ley obtuvo dictamen de comisión en el Senado. La lectura del texto, que seguramente será tratado en la próxima semana en Diputados, muestra cambios en relación al anteproyecto enviado por la Casa Rosada.
Con todo, las modificaciones aprobadas no afectó a uno de los puntos más discutidos de la iniciativa original: la autorización a las empresas de telefonía a brindar servicios de comunicación audiovisual.
Sí, en cambio, una modificación introducida en el Senado tendrá una incidencia directa sobre el negocio de las telecomunicaciones. Se trata del restablecimiento de la telefonía fija como "servicio público". Este dato no es menor, ya que catalogar a la telefonía fija como servicio público la hace materia de regulación por parte del Ejecutivo.
Por otra parte, quienes veían a esta nueva ley como un traje a medida de las grandes operadoras telefónicas, ya que según sus criterios la norma les abriría la puerta para ofrecer un servicio satelital como el que brinda DirectTV en Brasil, se quedaron si argumentos, debido a que la nueva redacción del proyecto incorporó la prohibición de brindar el servicio de televisión satelital para las empresas telefónicas.
Aunque no fue ésta la única señal a favor de las pequeñas cableras. El proyecto enviado a Diputados incluyó un mecanismo de gradualidad para la apertura de las redes domiciliarias, que apunta a limitar el acceso de las grandes compañías telefónicas a las redes de los pequeños cableoperadores y proveedores de Internet. Este cambio les evita competir con las grandes empresas del sector, hecho que las hubieran colocado en una posición muy desventajosa.
Se añadió además un capítulo que incorpora una serie de obligaciones de los licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el derecho de los usuarios a un acceso en condiciones de "igualdad, regularidad y continuidad".
Los senadores del Frente para la Victoria también añadieron la definición de "neutralidad de la red”, contemplada en un dictamen consensuado con la oposición antes del debate del proyecto.
La iniciativa prevé "declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados", garantizando la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los ciudadanos "a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".
Este último párrafo produce una profunda preocupación en el sector. No son pocos los que dicen que podría darse el caso que el Estado decida utilizar una red de una compañía, ya que se trata de un servicio público, y entregársela a otra empresa, por caso estatal que no haya invertido en redes y que opere con dinero del Estado, usando la infraestructura de las privadas.
Los observadores, observan. Y en especial a dos empresas. ¿Por qué miran a Arsat, el proyecto de telefonía móvil de La Cámpora, agrupación que lidera Máximo Kirchner? Porque la nueva ley le permitiría “subirse” a la red aún sin contar con capital suficiente para la inversión en infraestructura.
El Grupo Clarín es la otra cara de la moneda. Da la impresión que el conglomerado no tendrá espacio, al menos con la estructura societaria actual, en la “Argentina Digital” .
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