El proyecto estipula declarar al servicio de telefonía móvil como un servicio público, estableciendo una prestación básica obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad a toda persona mayor de 18 años que lo solicite. Asimismo el proyecto prohíbe el ajuste automático de las tarifas y consigna a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) como la autoridad de regulación del servicio. Dentro de este marco, en sede parlamentaria se está analizando los “precios cuidados” del servicio con paquetes de 80 pesos (siete euros).
Vale destacar que ésta es la primera vez que el Frente para la Victoria, logo bajo el que se agrupa el kirchnerismo, acepta tratar proyectos de esta naturaleza. La telefonía móvil nació en Argentina como un servicio de carácter privado y, hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones fija las regulaciones; sin embargo, los precios del sector son, al menos en la teoría, libres.
Distintos artículos aparecidos en la prensa local, indican que las principales operadoras del país enviaron hace varias semanas propuestas ala Secretaríade Comunicaciones que actualmente están fase de análisis.
En efecto, los transcendidos aseguran que varios equipos con técnicos de Personal, Movistar y Claro mantuvieron reuniones con los funcionarios del área. En esos encuentros, las empresas de telefonía móvil presentaron sus propuestas. Lo cierto es que el costo de ese servicio rondaría los 80 pesos (siete euros) si bien aún no está definido qué cantidad de minutos libres tendrá y si se podrá navegar por Internet vía celular.
En las compañías móviles aseguran no saber si en el Gobierno existe la convicción de que fijar un precio determinado a un paquete de telefonía celular hará que el usuario tome la decisión de pasarse de un plan a otro. Dicen ver dudas en el Ejecutivo sobre el efecto benéfico que podría tener un “precio cuidado” porque, argumentan, es probable que no pueda conformar a todo el mundo.
Entretanto, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado comenzó a tratar los cinco proyectos de ley que se orientan en este sentido. Su presidenta, Liliana Fellner, fue la encargada de expresar que el oficialismo tiene voluntad política de recorrer este camino.
En la práctica, declarar a un servicio como "público" implica delegar en Estado la facultad de fijar tarifas; o, lo que es lo mismo, la mano visible del Estado podrá actuar sobre la estructura de ingresos de las empresas.
Los autores de los cinco proyectos en debate, uno de ellos del oficialismo, responden a un acuerdo político que marca la necesidad de una mayor regulación. Si bien todos los ponentes coinciden en la declaración de "servicio público", existen divergencias en temas como ubicación de antenas, derechos del consumidor, y designación de la autoridad de aplicación.
El paso siguiente será una convocatoria de audiencias entre especialistas en tecnología, empresas y usuarios para unificar todos los criterios en un proyecto común.
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