En noviembre el Gobierno del primer ministro Enrico Letta propuso la ley, llamada tasa web o tasa Google, que obligaría a las compañías que se anuncian y venden en Internet en Italia a hacerlo sólo a través de agencias con presencia fiscal en el país. Esta semana el comité presupuestario de la cámara baja ha revisado la propuesta para excluir de la tasa los productos vendidos por Internet, lo que haría que la ley fuera aplicable únicamente a la publicidad. Y eso conllevaría que aumentaran los impuestos para compañías como Google, Yahoo y Facebook, favoreciendo en cambio a empresas de ventas online como Amazon.
La nueva medida fiscal fue rebajada después de que Matteo Renzi, nuevo líder del Partido Democrático –el mayor en la coalición de Gobierno– afirmara que se debería eliminar la propuesta de ley. Ahora su aprobación es cada vez más incierta tras las advertencias de la Comisión Europea: "Tendríamos serias dudas sobre la enmienda tal y como está hoy, ya que parece que va contra las libertades fundamentales y los principios de no discriminación que establecen los tratados", ha afirmado Emer Traynor, portavoz de Algirdas Semeta, comisario fiscal de la UE. Además la Cámara de Comercio estadounidense en Italia considera que esta ley conllevaría "un daño a la imagen" para el país transalpino.
El proyecto no impone un impuesto directo a las multinacionales, pero les exigiría usar compañías italianas para vender sus anuncios en lugar de hacerlo a través de terceras partes con sede en países con baja fiscalidad, como Luxemburgo o Irlanda, o fuera de la Unión Europea. "La libertad de la web no significa libertad para no pagar impuestos", ha afirmado el diputado del PD Francesco Boccia, impulsor de la medida y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Pero en este asunto no está clara la posición del partido de centroizquierda, en el que Letta tiene que lidiar también con Renzi, nuevo secretario general tras una victoria aplastante en las primarias del 8 de diciembre.
La llamada tasa web está incluida en los presupuestos para 2014, que el Gobierno Letta prevé que sean aprobados por el Parlamento antes de Navidad. Aunque ahora los detractores de la medida reafirman que probablemente viole la legislación comunitaria, quienes la han propuesto han dicho que recaudaría al menos 1.000 millones de euros al año para un país que lucha por reducir su mastodóntica deuda (127% del PIB), la segunda más elevada de la UE tras Grecia.
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