El Supremo atraca a las televisiones privadas

Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a las televisiones privadas a devolver nueve canales de televisión digital terrestre (TDT) concedidos por la administración de Zapatero sin concurso público, y las insta al cese inmediato de sus emisiones. La medida deriva una afectación a los ciudadanos que quedarán sin tales emisiones, aparte de la capacidad de recibir señales que vendió la administración central como justificación para realizar las inversiones necesarias de la TDT.

El auto dictado hoy 18 de diciembre estima "EN PARTE, en los términos recogidos en el fundamento de derecho sexto, el recurso contencioso administrativo ordinario interpuesto por Infraestructuras y Gestión 2.002, S.L., DECLARANDO LA NULIDAD del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2.010, por el que se asigna un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal”.El Gobierno ya había anulado las concesiones de dichos canales en una resolución realizada el pasado mes de marzo. Sin embargo, indicaba la posibilidad de que continuaran emitiendo en aras del “interés general”. El auto de hoy del Supremo quita la razón a tal argumento.

Es verdad que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del gobierno Zapatero informó que tanto Antena 3 como Telecinco tenían derecho a dos licencias con cuatro canales cada una, frente a los cinco canales (seis en el caso de Telecinco) otorgados con anterioridad. Mientras que Veo TV y Net TV tenían derecho a una licencia con cuatro canales cada una, frente a los dos canales que tenían. El Consejo de Ministros obró en consecuencia, y la decisión fue calificada de cacicada.

Por aquel entonces, Maria Teresa Fernández de la Vega mantenía una excelente relación con las cúspides de las cadenas de televisión, en su deseo de que las críticas al Gobierno Zapatero brillaran por su ausencia. Cacicada o no cacicada, no se puede tomar decisiones saltándose el principio de no retroactividad legal a la torera. Un reciente ejemplo lo tenemos en la decisión de las más altas instancias europeas de sacar de las cárceles españolas a violadores en serie y asesinos, precisamente aludiendo a este sagrado principio de no retroactividad. A las cadenas privadas las queda ir a Europa.