En el caso concreto de este país tenemos que remontarnos al año 2.002, cuando se presentó un proyecto de Ley cuyo objetivo era el de legislar todos los aspectos relativos a la firma y certificación digital y que culmino en el año 2005, con la aprobación de la Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que ratifica el valor legal de la firma digital, equiparándola en cuanto a validez y eficacia jurídica con la firma manuscrita.
A través de esta Ley se constató que la firma digital es una robusta herramienta tecnológica que permite a las empresas y a los ciudadanos costarricenses agilizar trámites de diversa índole con otras entidades, garantizando la autenticidad e integridad tanto del usuario como del mensaje transmitido.
Dicha Ley fue promulgada por la Dirección de Certificadores de Firma Digital del Micit (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones) de Costa Rica. Organismo gubernamental que nació con el propósito de fomentar las bondades y respaldar legalmente las actuaciones de los usuarios de la firma digital.
Referentes para la elaboración de esta Ley y modelos de aplicación de la firma digital y certificados digitales en Costa Rica han sido las políticas y usos llevados a cabo en España, Brasil y Bélgica.
Entidades como el Banco de Costa Rica y la Hacienda Pública son pioneras en permitir tanto a entidades como a particulares efectuar gestiones con ellas a través de la firma digital. El primero porque ya ha realizado una importante inversión en el desarrollo de su gobierno digital y tiene como objetivo a corto plazo la creación de plataformas que permitan la gestión directa de firma digital y el segundo, porque prepara un plan de obligatoriedad de uso de factura electrónica basada en firma digital y certificados digitales para dotar de robustez y seguridad a esta herramienta y sellos de tiempo que fecharan la validez de estas operaciones, aportando por lo tanto doble firma y en consecuencia doble respaldo y seguridad.
Otro ejemplo de caso de éxito en este país es el del diario con más solera, La Gaceta, el que recientemente ha pasado de su versión impresa al mundo digital, ofreciendo a sus lectores la opción de realizar transacciones comerciales a través de sistemas de banca on line, cuya efectividad y seguridad radica en el uso de la firma digital.
En línea a los esfuerzos y avances que Costa Rica está desarrollando en esta materia, cabe destacar la próxima ratificación de dos nuevas políticas públicas orientadas a la consolidación del Gobierno Digital y la Modernización Electrónica del país.
Estas dos políticas son: la “Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados” y la “Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente”, emitidas por la Dirección de Certificadores de Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Uno de los puntos clave que abordan estas nuevas políticas es la revisión de la política de certificados, la que sienta las bases y faculta, tanto a las organizaciones públicas como privadas, en el uso la firma digital y el sellado de tiempo en todo tipo de documentos: facturas electrónicas, resguardos de operaciones, certificaciones, transacciones bancarias, etc.
Otro de los aspectos regulados por estas políticas es el acceso a la firma digital a través de los dispositivos móviles.
Asimismo, el desarrollo del sistema de la firma digital ha permitido que una misma persona física y/o jurídica tenga la posibilidad de contar con más de un certificado digital según los medios que emplee para firma digitalmente (por ejemplo si usa diferentes dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias con tecnología chip EMV, etc.)
Según palabras de Alexander Barquero Elizondo, Director de Certificadores de Firma Digital:” La Firma Digital, con el respaldo Micit, es una herramienta de altísimo valor para los ciudadanos, las instituciones y el país en general”
En conclusión, cabe reseñar que desde esos primeros años del inicio del milenio hasta ahora, muchos han sido los esfuerzos por parte del gobierno de Costa Rica y algunas empresas de este país por implantar y afianzar un sistema de firma digital robusto que genere confianza y seguridad a sus usuarios; y es evidente, que paso a paso Costa Rica es un país que está logrando este objetivo, a la vez que avanza con fuerza y solidez en este campo, en el que estoy convencido, continuará haciéndolo.
Si (
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