Desde que fuera aprobado “in extremis” el acuerdo entre los tres principales partidos políticos para establecer un nuevo sistema que regule de forma más estricta a los diarios, con el fin de evitar escándalos como el de la las escuchas telefónicas protagonizado por el News of the world, se han sucedido las reacciones en contra de los editores.
A partir del informe Leveson publicado el año pasado tras el escándalo de News Corporation, el Gobierno británico consiguió sacar adelante un acuerdo con los principales partidos políticos (conservadores, liberales-demócratas y laboristas) para crear un órgano de control de la prensa bajo la forma de carta real, para que no chocara con el derecho a la libertad de expresión.
En líneas generales, el sistema –de carácter voluntario- fija multas hasta de un millón de libras (1,13 millones de euros) y obliga a los periódicos a publicar disculpas en las páginas destacadas del diario. Para que los periódicos se acojan al sistema, se ofrecerán fuertes incentivos fiscales pero los que no se acojan podrán sufrir importantes daños punitivos en los tribunales en el caso de que publiquen historias inexactas.
Hasta ahora, los medios ingleses estaban comprometidos a atenerse a un código de honor, un sistema de autorregulación que resolvía las demandas a través de indemnizaciones y acuerdos extrajudiciales. La Comisión de Quejas de la Prensa (PCC) era un organismo financiado por la industria para resolver las quejas contra la prensa, pero el juez Levenson aconsejó la creación por ley de un órgano supervisor, independiente de la prensa, que comprobara el cumplimiento de las normas de conducta en la prensa. Finalmente se optó por crear un mecanismo regulador sin rango de ley.
Pero ante esta nueva regulación la prensa se ha dividido. Associated Newspaper, News International, el grupo Telegraph Media y Northern & Shell anunciaron en un comunicado que buscarán asesoramiento legal antes de decidir si se unen al nuevo organismo de control porque no habían sido previamente informados. Sin embargo, por parte de las víctimas de la intromisión de la prensa la organización Hacked off, sí intervino en las conversaciones.
Por otro lado, los periódicos locales -Gran Bretaña tiene más de 1.100 cabeceras locales-, a través de la Newspaper Society, han condenado el acuerdo porque consideran que el sistema de arbitraje podría suponer un costo prohibitivo para estos periódicos, porque ahora resuelven los problemas sin tener que pagar. Mientras que el director de The Guardian, Alan Rusbridger, ha instado al gobierno a que permita que sea la prensa la que establezca su propio sistema de regulación y le dé un año para demostrar su valía antes de llegar a un sistema con un régimen que podría poner en peligro los 300 años de libertad de la prensa.
De momento, se salvan de esta regulación los blogs por las enmiendas introducidas por los laboristas y liberaldemócratas. Blogueros reconocidos como Tim Montgomerie, Mark Ferguson, Paul Staines, Stephen Tall y Laurence Durnan habían escrito una carta al diario The Guardian en la que advirtieron las consecuencias de esa ley para los blogueros.
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