Miles de profesionales del lobby campan a sus anchas en Bruselas. Asociaciones, grupos de presión, empresas de relaciones públicas, despachos de abogados, think-tanks, y oficinas de asuntos europeos de empresas y administraciones forman el entramado desde el que se trata de influir -y de hecho se consigue-, en las políticas que afectan a los 27 Estados miembros.
El escándalo de los eurodiputados que cedieron a las presiones de dos periodistas encubiertos de ‘The Sunday Times’ y aceptaron dinero a cambio de apoyar determinadas enmiendas, destapó una situación que no es extraña en la capital de la UE. El presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, prometió “tolerancia cero” ante cualquier tipo de corrupción, pero lo cierto es que más allá de investigar y deplorar los casos que surjan, no dispone de mecanismos para echar a los diputados desobedientes.
El objetivo de los lobbies se ha ido desplazando desde la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la UE, a los eurodiputados, que han ido ganando competencias a medida que el Parlamento ha conquistado la capacidad de aprobar, bloquear o modificar proposiciones legislativas. La Comisión sigue siendo, sin embargo, un escenario prioritario para los grupos de presión, que se han convertido en los interlocutores naturales de quienes toman las decisiones. Con su trabajo, moldean la legislación para favorecer a las grandes empresas. Como ejemplo, valga apuntar que la Federación europea de la industria química (CEFIC), tiene más representantes que todas las organizaciones de medio ambiente juntas. Para contrarrestar su hegemonía, surgen también contra-lobbies, como FinanceWatch, que pretende limitar el poder del mundo financiero en el diseño de políticas económicas.
El caso de los comisarios que, tras su mandato, pasan a trabajar para los lobbies cuyos intereses han defendido desde su cargo muestra hasta qué punto estos grupos de presión están metidos en el centro del poder europeo. El más sonado fue el del comisario socialdemócrata Günter Verheugen, responsable de Empresa e Industria entre 2004 y 2010. Verheugen, criticado por favorecer a las grandes empresas en detrimento de las cuestiones sociales o medioambientales, creó su propia consultora poco después de dejar su puesto.
Cualquier persona o empresa que pueda pagar los servicios de European Experience Company puede acceder a la cartera de contactos y relaciones de Verheugen. El Comité de Ética de la Comisión ha estudiado el caso, pero no ha encontrado irregularidades. Según escribe Gabriela Anghel para ‘Romania Libera’, este comité se caracteriza porque concede excepciones sistemáticas a los excomisarios, que en teoría deben esperar un año antes de incorporarse a la actividad privada de los grupos de presión.
La actividad de los lobbies en defensa de determinados intereses es legítima en un Estado de Derecho, pero la actitud de los políticos y funcionarios que puedan ceder a prácticas discutibles preocupa en las instituciones, relata Anghel. Para mejorar su imagen de transparencia ante la ciudadanía, la UE ha creado un registro facultativo y está trabajando en un código de buenas prácticas. Según la ONG Alter-EU, solo el 40% de los lobbies se ha inscrito hasta el momento.
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