Días agitados viven los dos grandes de la prensa local, Clarín y La Nación, también socios, junto con el Estado, aunque éste posee una participación minoritaria, de la empresa encargada de producir, comercializar y distribuir el papel para los periódicos, cuyas obligaciones fueron redefinidas con la nueva normativa.
La oposición argumentó su rechazo al proyecto de ley definiéndola como inconstitucional al tiempo que denunció que se trata de un avance sobre la libertad de imprenta y de expresión.
Clarín, cuya empresa editora está en conflicto con la Administración Kirchner, desde los tiempos en que Néstor K ocupaba el principal despacho de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, destaca que la iniciativa aprobada le otorga al Estado amplios poderes para condicionar la producción, distribución e importación de papel para diarios “y abre la puerta a una confiscación encubierta de Papel Prensa”.
Declara, continúa Clarín, “de interés público” la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios; convierte a la empresa en un monopolio (hoy no lo es, ya que el papel puede ser importado por cualquiera con arancel cero, según el diario de Ernestina Herrera de Noble), al exigirle satisfacer toda la demanda interna de papel para diarios; limita la posibilidad de importarlo; y finalmente obliga a hacer inversiones que, en caso de que los privados no las hagan, serán afrontadas por el Estado a cambio del crecimiento en su composición accionarial.
Para La Nación, el otro medio involucrado de manera directa, la norma sancionada se suma al marco normativo establecido por la ley de medios audiovisuales -que persigue el desguace de grupos empresarios periodísticos- y a las acciones judiciales impulsadas desde y con la connivencia del Poder Ejecutivo para hostigar a los medios de comunicación que no son afines al discurso oficial, como el intento de intervención de Cablevisión y la inhibición general de bienes a La Nación reclamada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y recuerda que durante este año se registraron situaciones de presión paraoficial hacia los medios con los bloqueos del gremio de camioneros a las plantas impresoras de diarios como Clarín y La Nación.
El oficialista Página 12 destaca que la ley aprobada busca garantizar el acceso al papel y un precio igualitario para todos los diarios del país. Además, sigue, la nueva norma obligará a la compañía Papel Prensa a concretar un plan de inversiones cada tres años para satisfacer la demanda del mercado interno.
Si bien la intervención del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández fue citada tanto en Clarín como en La Nación, Página 12 añade otros párrafos de la misma: “El año pasado, Clarín y La Nación realizaron su mayor compra de papel en el año antes de que Papel Prensa aumentara sus precios. Además, hay que decir que la papelera le compró a Clarín 11 mil toneladas de diario reciclado, a 900 dólares la tonelada. Es imperioso que se conozca esto, que viene ocurriendo desde hace muchos años. No importa quién fue representante del Estado, si no lo vieron antes. No seamos naïf. El poder real lo tuvieron siempre ellos, no nosotros. No me interesa ir contra la empresa, pero sí defender el derecho del Estado. Garantizaremos a todos los medios, ya sean de izquierda, derecha o centro, todo el papel que se les antoje”.
Podrían acusar a los medios de comunicación de actos terroristas
Día productivo tuvo ayer la Cámara Alta. Tras aprobar la ley de Papel Prensa, el Senado hizo lo propio con la nueva ley antiterrorista. Pero la sorpresa mayor – incluso distintos medios aseguran que tomó por sorpresa hasta a la propia bancada oficialista -, cuando el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, tras recordar que esa normativa podría ser aplicada a quienes provoquen una corrida cambiaria u otra medida especulativa que “golpee a un gobierno”, incluyera a los medios de comunicación si difunden declaraciones de “un grupo de personas con gran poder económico que pueden atemorizar a la gente
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