Una encuesta realizada a 194 líderes digitales de 29 países ha permitido al Instituto Reuters, junto a la Universidad de Oxford, realizar unos pronósticos que pueden servir a otros editores para conocer cuál será su rol a partir de 2018.
El año que acaba de comenzar estará marcado por la entrada en vigor en toda la Unión Europea del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Los medios de comunicación tendrán que tener muy presente esta normativa, máxime cuando el 62% de los editores encuestados en el informe ‘Tendencias y Predicciones en Periodismo, Medios y Tecnología en 2018’ aseguran que la principal iniciativa para este año es mejorar su capacidad de recopilación y análisis de datos.
Relacionado con la iniciativa anterior, y en tercera posición, se sitúa el registro de usuarios en web y aplicaciones, considerado por el 58% de los encuestados como ‘muy importante’. Los responsables de medios son cada vez más conscientes de la importancia de que sus usuarios anónimos dejen de serlo.
El CEO de ‘The Daily Telegraph’, Nick Hugh, reconoce que un lector registrado es “mucho más valioso para el negocio” que la mayoría de su audiencia. Por su parte, la BBC obliga a todos los usuarios de su servicio iPlayer a registrarse antes de ver sus programas. Conocer los datos de las personas que les siguen posibilita que reciban recomendaciones personalizadas y publicidad que les resulte relevante. El informe señala que los editores noruegos están buscando esquemas de registro nacional colectivo para obtener mejores datos y poder competir con Facebook.
El nuevo reglamento europeo exigirá a los editores obtener permiso explícito de los lectores para recopilar sus datos y usarlos. Por lo tanto, cada medio deberá solicitar nuevamente ese consentimiento expreso y dotar a sus lectores de nuevas herramientas con las que verifiquen y cambien los permisos. Al menos un 64% de los editores encuestados considera que está bien preparado para este cambio.
La negativa de los usuarios a aceptar el uso de sus datos afectará a los ingresos de los medios. Pero no cumplir con la normativa podría acarrear multas de hasta 20 millones de euros. Un callejón sin salida, excepto para los editores premium, a los que les resultará más fácil generar confianza y obtener el consentimiento del lector.