Las próximas semanas serán clave para el conflicto que enfrenta desde hace siete años a la Unión Europea con Google. La comisaria de competencia, Margarethe Vestager, quiere dejar cerrado el caso antes de las vacaciones de verano, lo que permite hacerse una idea aproximada del montante que tendría que pagar la matriz de Alphabet como multa. Se estima récord, pero las cifras bailan: casi todo el mundo da por hecho que no será menos de 1.000 millones de euros, pero como la multa se calcula en forma de porcentaje sobre la facturación, se estima un máximo de 9.000 millones de euros y una media de entre 3.000 y 6.000 millones, según el veredicto final y la gravedad que se estime sobre los hechos.
La investigación se ha centrado en Google Shopping, el buscador especializado en compras. Se acusa a Google de manipular los resultados de las búsquedas que realizan los usuarios para favorecer a sus propios servicios en detrimento de sus competidores. Google niega las acusaciones y argumenta que los usuarios pueden llegar hasta un producto a través de varias vías, no únicamente a través de Google Shopping (donde la compañía generalmente recibe una compensación).
Los argumentos de Google no han servido hasta ahora para convencer a la Unión Europea, que desde el año 2000 tiene el foco puesto sobre las principales compañías digitales por motivos similares. El año pasado multó a Apple con 13.000 millones de euros por impuestos no pagados en Irlanda, una cantidad récord que hizo que el gobierno estadounidense saliera en defensa de sus compañías digitales. Tal y como están las relaciones entre Europa y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump, la multa a Google sería un nuevo capítulo en el deterioro político y económico que existe en la actualidad entre ambos lados del Atlántico.
Además, ni siquiera es el único conflicto abierto entre la UE y Google, ya que también están investigando el papel que juega Android en las supuestas prácticas monopolísticas de Alphabet. El año pasado, Vestager acusó a la compañía estadounidense de "asfixiar la competencia y la innovación" al utilizar el sistema operativo para móviles para imponer restricciones injustas a teleoperadoras y fabricantes de dispositivos. Pero ese es otro frente.