Un informe elaborado por Nera Economic Consulting confirma que la obligatoriedad de que las empresas editoras cobren a los agregadores de noticias por publicar sus contenidos no es bueno para nadie, además de no estar justificado ni teórica ni empíricamente. Los agregadores suponen un beneficio y no un perjuicio para los editores porque incrementan el consumo de noticias, lo que redunda en un aumento de los ingresos para los medios.
Desde que se estableciera el Canon AEDE, muchas han sido las voces de las empresas editoriales que han planteado los beneficios o perjuicios que pudiera suponer para los editores. Lo que algunos pretendían ver como una manera de obtener ingresos extra por la publicación de sus contenidos en los agregadores de noticias, se ha tornado definitivamente en un estrategia fallida.
NERA Economic Consulting ha elaborado sus conclusiones sobre esta medida dentro del informe de AEEPP 2017 sobre competencia y libertad de empresa. La consultora ha analizado el impacto de la aplicación del Artículo 32.2 de la LPI. Esta legislación obliga a los agregadores de contenidos (Google, Menéame...) a abonar una “remuneración equitativa” a los editores por poner a disposición sus contenidos (o fragmentos de estos).
La ley obliga al cobro de un canon irrenunciable, que CEDRO (una de las posibles entidades que podrían gestionar los cobros) ha establecido en 0,05 euros por usuario activo y día. Pero gracias a una serie de demandas interpuestas por varias asociaciones de Internet (y suscritas por otras tantas) ante las autoridades de competencia de la UE, se ha conseguido paralizar el cobro de este canon.
Según estas demandas no existen justificaciones teóricas ni empíricas para el canon, ya que sería contrario al Derecho Europeo, no solamente en relación al Derecho de la Competencia sino también a la Convención de Berna, a la Directiva sobre Derechos de Autor, etc.
Con la puesta en marcha de este canon se impone un modelo determinado que va en contra de la libertad de prensa de los diarios. Los editores de prensa online, principalmente los pequeños, dejarán de captar ingresos por publicidad (entre 9 y 18 millones de euros anuales).
Según el informe, con el Canon se ha inducido al cierre de varios servicios de agregación de noticias (como Google News), creando barreras de entrada y de expansión también en este segmento.
Los efectos negativos no solo se notan en este ámbito, sino que perjudican tanto a editores como a consumidores. Se reduce el tiempo de consumo de noticias, porque se incrementa el tiempo de búsqueda de estas, lo que redunda a su vez en un impacto negativo para los anunciantes.
La introducción de una legislación o regulación de este tipo solo se justificaría en circunstancias muy específicas, por ejemplo, cuando existen “fallos de mercado”, que no es el caso en España, ni el de la mayoría de los países de la UE.
Efectos de la aplicación del canon
La aplicación del canon tendría dos efectos. A corto plazo supondría el cierre de agregadores, pérdida de visitas para los diarios online, incremento en el tiempo de búsqueda, y pérdida de ingresos y alcance de la publicidad. A largo plazo habría mayor concentración y precios, un freno a la innovación, reducción en la variedad, barreras de entrada y de expansión e incertidumbre regulatoria.
Según Pedro Posada, consultor de NERA, "la aprobación del canon supone un golpe a los nuevos modelos de negocio y limita su futuro en cuanto a la creación de nuevos servicios y productos y afecta a empresas innovadoras y startups locales".
Es además un perjuicio para los editores, principalmente publicaciones menores. Además afecta negativamente a la competencia, no solo para el segmento de agregadores, sino para las publicaciones online y para los consumidores (lectores y anunciantes). Los efectos ya se han hecho notar en tan solo un par de años, a falta del desarrollo reglamentario de la ley y sin haber hecho efectivo el cobro.
En un horizonte más lejano, "el impacto negativo será aún más significativo, desincentivando el desarrollo de contenidos y de plataformas innovadoras en el ecosistema de consumo de noticias por Internet".
El informe de NERA es concluyente: "La reforma parece obedecer a los intereses de un grupo de editores que, ante el deterioro de su negocio, han buscado obtener una fuente adicional de ingresos por parte de uno de los gigantes de Internet, aun en detrimento del resto de editores, del desarrollo del mercado de consumo de agregación y producción de noticias y, en última instancia, de los consumidores (incluyendo los anunciantes), y del bienestar social".
Ante estas significativas conclusiones, Arsenio Escolar, presidente de la AEEPP y director de '20 minutos', pidió, durante la presentación del informe, que "se retire el artículo 32,3 de la LPI porque está perjudicando a editores, anunciantes y lectores".