La Unión Europea está abordando la reforma sobre los derechos de autor con el fin de adaptarlos al mundo digital. Tras ser debatida en el Parlamento Europeo con diversos actores, en el último borrador se abandona la idea de crear unos “derechos conexos” que permitirían a los editores negociar una compensación económica con los motores de búsqueda y agregadores por el uso de sus contenidos.
A principios de 2017 tuvo lugar una conferencia en el Parlamento Europeo en la que se examinaron distintas propuestas para la reforma de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, entre ellas la que reconoce los “derechos conexos, afines o vecinos” de los editores de prensa.
Tras escuchar diversas voces, la eurodiputada Therese Comodini Cachia, portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) en materia de derechos de autor, ha presentado un borrador en el que desaparece el derecho propuesto por la Comisión para reemplazarlo por una “presunción de representación de los autores de obras literarias contenidas en estas publicaciones” que otorgue “capacidad legal para en su propio nombre defender los derechos de dichos autores por el uso digital de sus publicaciones”.
Con el nuevo texto se pretende reforzar la posición de los editores de prensa sin perturbar a otras industrias. Dicho de otro modo, los editores tendrán más fácil interponer acciones legales contra los infractores de los derechos de autor, pero en lo referente al uso de los contenidos periodísticos por parte de agregadores o motores de búsqueda, la práctica no se considera “necesariamente perjudicial” para los ingresos de los editores, ya que redirigen tráfico a sus webs a través de enlaces. Therese Comodini ya había adelantado en el Parlamento Europeo que su prioridad era facilitar el acceso de los usuarios a los contenidos, algo que se limitaría con el reconocimiento de los “derechos conexos”.
La polémica está servida. Los editores de prensa ven cómo se escapa la posibilidad de recibir una compensación económica por el uso que realizan las plataformas digitales de sus contenidos. Sin embargo, la experiencia en países como Alemania y España con la llamada “Tasa Google” indicaba que la propuesta de reconocer unos “derechos conexos” no iba a resolver el problema, por el contrario podía ser perjudicial para los intereses de los editores.