Algunos países, sobre todo los más perjudicados por estas prácticas y por la crisis, abogan por una armonización fiscal seria y definitiva que ponga fin al enriquecimiento de algunos Estados a costa de otros. Los beneficiados por la competencia fiscal no piensan apearse de un sistema que les reporta pingües beneficios, mientras que Estados Unidos vigila con recelo y cierto enfado la libertad legislativa de una Unión Europea dispuesta a penalizar a quienes socaven las cuentas del club, tal vez consciente de que sus empresas, líderes en casi todos los sectores de la nueva economía, serán las primeras perjudicadas.
“Esto no es una decisión en contra de Estados Unidos”, ha defendido Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, durante la cumbre del G20. “Sería absurdo elegir este campo para atacar al país”. Estados Unidos está molesto por la multa de 13.000 millones de euros impuesta a Apple, la niña bonita del sector tecnológico, a pesar de que ellos serían los primeros perjudicados por las prácticas fiscales de la multinacional: se estima que la compañía de la manzana tiene 220.000 millones de euros en Irlanda que deberían ser repatriados a Estados Unidos y tributar al 35% de impuesto de sociedades, algo que Tim Cook y compañía no harán a menos que ese porcentaje sea inferior. Y es que Apple, como otras multinacionales, estaba acostumbrada a tributar “a la carta”, un sistema conocido como tax rulings: acuerdos entre empresas y gobiernos para facilitar un marco fiscal cómodo para las compañías.
Un artículo de Bez.es destaca dos tax rulings bastante populares en Europa, el “doble irlandés” y el “sándwich holandés”. El primero consistiría en crear una sociedad en un paraíso fiscal y depositar en ella los derechos de propiedad industrial de una empresa o producto. Después, se crearía una empresa en Irlanda encargada de comercializar los productos. La empresa irlandesa tendría que pagar a la radicada en el paraíso fiscal para poder utilizar los derechos de comercialización de los productos en cuestión. De la empresa irlandesa penderían, además, pequeñas filiales en distintos países europeos, pero todo producto vendido en la Unión sería facturado a través de Irlanda, algo legal según las leyes europeas. Las filiales registrarían beneficios muy bajos o incluso pérdidas, por lo que el grueso de esas ventas se facturaría en Irlanda, con tipos impositivos del 12,5%.
El “sándwich holandés”, por su parte, se aprovecha de la convergencia entre Irlanda y los Países Bajos: la ley irlandesa exonera del impuesto de sociedades a los royalties que se pagan a otra empresa europea. Estos royalties se pueden depositar en una sociedad radicada en los Países Bajos, un Estado famoso porque también proporciona tipos impositivos bajos.
La cuestión que subyace en todo esto es que este tipo de prácticas no son ilegales. La multa a Apple no llega porque haya pagado el 0,005% en impuestos en Irlanda durante varios años, sino porque ese tipo impositivo se deriva de un acuerdo entre el Estado irlandés y la compañía californiana. Al tratarse de un acuerdo que sólo se aplica a Apple, y no a otras compañías, la Comisión lo considera “ayudas ilegales” de un Estado a una empresa. Si dicho tipo impositivo estuviera disponible para cualquier empresa, Apple no habría sido multada.
Que la ley proteja estas prácticas es lo que enciende los ánimos en algunos países del club. Para ello, el primer paso sería crear un marco fiscal armonizado entre los 27 Estados de la UE. Pero no es lo único: la Comisión prepara una directiva para obligar a las multinacionales a especificar su volumen de negocio en cada país de la Unión con el objetivo de que tributen en cada Estado lo que allí generan. Es curioso que se busque una armonización de las leyes nacionales (lo que ahondaría en la creación del supra-estado europeo) mientras se buscan normativas que sigan acotando el continente por países independientes. Ambas acciones buscan un mismo objetivo fiscal, pero los resultados políticos de cara a la consolidación del proyecto europeo común son diferentes.
Por otra parte, el G20 explora vías para mejorar la transparencia de los mercados internacionales. Se espera que a principios de 2017 se ponga en marcha un mecanismo de intercambio automático de información entre Estados para luchar contra las prácticas fiscales que ponen en riesgo las cuentas públicas de algunos países. Otra lectura se puede hacer a través de las palabras de Theresa May, la premier británica, al explicar que los estados “no pueden ignorar el hecho de que hay un sentimiento antiglobalización en algunos países” derivado de los problemas económicos que afronta una parte de la población a causa de la crisis. Es decir: puede que el libre mercado esté en peligro precisamente por los vicios en que está incurriendo. Pero lo que realmente está en peligro es todo el sistema del bienestar sostenido con impuestos: “Hay una responsabilidad en el pago de impuestos. Porque sus empleados… sus hijos van a colegios, utilizan el sistema de salud, los bienes son transportados por carreteras y trenes, etc. Así que no es que las empresas no tengan responsabilidad”, explicó May para apuntalar la idea del pago de impuestos como elemento indispensable para los estados y obligado para las empresas. Europa ha conseguido traer el debate de la evasión fiscal a su terreno. Y ya nadie se acuerda de Panamá.