La economía digital no es un sector nuevo, es el ecosistema emergente. Ningún país puede competir en el siglo XXI sin una estrategia digital firme y decidida. Hemos padecido durante cuatro años un Gobierno notablemente ágrafo en estrategia digital, capaz de legislar ese disparate de la llamada “Tasa Google” que obligaría a pagar un canon por los enlaces digitales, lo que ocasionó que España sea el único país de la UE que no tiene el servicio Google News. Es imprescindible que en los próximos debates de la campaña electoral los principales partidos se posicionen sobre este tema vital.
Mientras que la coyuntura económica europea muestra una marcada y persistente atonía, la parte ligada a Internet y las tecnologías de la información y de las comunicaciones crece siete veces más deprisa que el resto. Por cada dos puestos de trabajo perdidos “en el mundo real”, la economía digital crea cinco, según datos de la Unión. La economía digital de la Comunidad Europea crece a tasas superiores al 12% anual, pero Europa va a la zaga de los países más avanzados en cuanto a redes digitales veloces. No tenemos ninguna empresa europea que compita con los gigantes de Internet. Todo ello debido a varias causas: por un lado la fragmentación del marco político paneuropeo. Por otro lado hay que apuntar que el pensamiento predominante en este tema está en parte lastrado por la preponderancia alemana. Alemania está hoy a la cabeza de Europa. Se trata de un enorme y rico país en el que más del 40% de la población son rentistas, lo que condiciona la persistente y rigurosa política de austeridad que se impone desde Bruselas. Es precisamente en Alemania en donde los grandes editores están haciendo lobby en contra de la libre circulación de la información en Internet, llegando incluso a proponer una tasa –ésta no obligatoria-, a los links de noticias.
Fenómenos nuevos de gran importancia como la economía colaborativa tropieza con un caos regulatorio y una hostilidad abierta por parte de los intereses establecidos. La Comisión Europea quiere aprobar unas guías sobre cómo hay que aplicar la normativa a la economía colaborativa. En España, el caos es aún mayor y la fragmentación normativa campa con toda clase de dificultades en las 17 comunidades autónomas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiere liberalizar estas nuevas realidades, pero tropieza con una enorme oposición. En Gran Bretaña, sin embargo, ponen la alfombra roja a Uber y Airbnb. Londres es la ciudad de Uber, con 30.000 descargas semanales. Gran Bretaña está poniendo en marcha un plan para liderar a nivel mundial la economía colaborativa y éste es un factor más a tener en cuenta en el gran debate sobre el Brexit.
En España nos encontramos a las puertas de una nueva etapa política, sean quien sean los partidos que logren formar Gobierno después del 26-J. Es de vital importancia que estos temas se aborden en el debate político de las próximas elecciones, que la opinión pública empiece a sensibilizarse de la vital importancia de estos temas, que pueden parecer muy técnicos, pero que inciden enormemente en la vida de todos los españoles, en su economía y en el empleo. Si España adopta en Bruselas una posición progresista por una Agenda Digital avanzada, su empuje puede resultar de gran importancia en la actual pugna entre posiciones conservadoras y posiciones liberalizadoras.
España es una de las principales potencias turísticas del mundo y no podemos permitirnos que fenómenos de economía compartida tan importantes como Airbnb y otros permanezcan en una especie de limbo. España puede y debe estar a la cabeza de estos nuevos fenómenos, con una regulación prudente, pero dinámica y abierta de las nuevas tecnologías con potencial disruptor.