Tanto la ONG Derechos Digitales como el Colegio de Periodistas expresaron su temor por un recorte a la libertad de prensa que este proyecto podría acarrear.
El segundo mandato de Michelle Bachelet parece estar marcado por las polémicas a la hora de plantear modificaciones en temas tan sensibles como el fiscal, primero; o ahora con el proyecto de ley sobre medios digitales recién presentado.
En efecto, en cuanto entró el proyecto en el Parlamento para su debate las redes sociales comenzaron a arder con las encendidas críticas al mismo. Para la ONG Derechos Digitales la norma presentada por el Ejecutivo podría suponer un atentado contra la libertad de expresión.
La presidenta de esta organización, Rayén Campusano, argumentó que el proyecto de ley busca que blogs y redes sociales como Facebook tengan un registro oficial si suman cuatro o más publicaciones semanales.
Específicamente, la norma en estudio establece que se debe registrar un domicilio en Chile, informar de la iniciación de las actividades a la Gobernación Provincial o Regional, acreditar la inscripción en el registro de dominios, informar de la frecuencia de actualizaciones, indicar nombre y domicilio del propietario y hacer un depósito legal.
Campusano también indicó que "la actual ley de prensa hace una definición tan amplia que los proyectos de ley vienen a complementar con una mala técnica legislativa. Por tanto esa interpretación podría hacer extensivo a cualquier tipo de manifestación en Internet”.
No menos dura se mostró la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, quien no dudó en catalogar como “pobre” al proyecto. "Lo dijimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, cuando fuimos convocados a entregar nuestra opinión, y hoy lo reiteramos: el proyecto es pobre, no entra al debate de fondo sobre el derecho a la comunicación y libertad de expresión, y abre espacio a interpretaciones confusas", recordó, para enseguida añadir que Chile quiere un debate serio sobre los medios de comunicación socialque incluya temas como el pluralismo y la diversidad, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la revalorización de los medios públicos y sociales o sin fines de lucro.
Olivares fue más allá cuando recordó que “algunas de esas cuestiones están en el programa de la Nueva Mayoría y esperamos que se cumplan a la par de la mesa de trabajo sobre libertad de expresión que anunció el ministro Álvaro Elizalde y que estamos esperando”.
“El debate, siguió, es mucho más profundo que sólo abarcar los medios digitales. Tiene que ver cómo democratizamos los medios de comunicación en Chile, cómo hablas del tema de concentración de la propiedad, cómo garantizas el derecho a la libertad de expresión por otras vías. Y para esta discusión de fondo los parlamentarios están poco interesados”, concluyó la representante gremial.
Ante semejante reacción adversa, el diputado y uno de los impulsores del proyecto, Ramón Farías (PPD), aseguró que"lo que nosotros queremos es darle seguridad a los medios de comunicación que hoy día existen, que se adscriban a la ley, al igual que todos los medios y trabajen en las mismas condiciones. Insisto, es absolutamente voluntario".
Farías lamentó la "malinterpretación" que, a su juicio, hizo la ONG Derechos Digitales de la indicación que modifica la actual ley de medios. Explicó que"sacar de contexto el proyecto hace que la gente piense que estamos queriendo no entregar facilidades, que queremos censurar", sostuvo. Y añadió que en el Parlamento se están legalizando los medios digitales para que quienes tienen un medio de comunicación digital puedan, si quieren, adscribirse, y aseguró que ello "no afecta a los blogs, ni sitios web ni a las páginas personales de Facebook".
Con todo, estas explicaciones no sólo no apaciguaron las aguas sino que las respuestas no se hicieron esperar, sobre todo de Olivares. Incluso, el diputado Juan Luís Castro (PD) retiró su apoyo al proyecto.