Pasó con Localia, pasó con CNN+ y pasó con muchas pequeñas televisiones locales. La crisis las ha barrido de las páginas de la programación. Vimos a sus presentadores aflojarse la corbata en directo para despedirse de los televidentes, pero nadie salió a protestar por sus trabajadores ¿Por qué Canal 9 fue diferente? Porque ha sido la primera gran televisión pública que ha sucumbido. Puede que no sea la última. No solo vimos a sus trabajadores defenderla hasta el último momento, también los valencianos salían al paso de sus representantes políticos gritando “que vuelva Canal 9”.
¿Por qué esto difícilmente podría pasar en otros países de Europa? Sobre todo, porque la financiación de los medios públicos se obtiene con una tasa directa que se cobra a los ciudadanos. Pero la pregunta importante es: ¿cuántos de los que han protestado por el cierre de Canal 9 estarían dispuestos a hacerse cargo de la parte alícuota de su financiación que les correspondería? ¿Aceptarían recibir cada mes una factura con lo que tienen que pagar para sufragarla?
En Alemania, cada vivienda paga un impuesto directo por disfrutar de la radiotelevisión pública. En Gran Bretaña, también; aunque la BBC ingresa mucho también vendiendo en todo el mundo tanto espacios publicitarios como sus propios documentales. En Francia, por el hecho de comprar un televisor, se hace uno sujeto del derecho y, sobre todo, la obligación, de pagar un canon para el mantenimiento de la televisión pública. Como allí también hay picaresca, los inspectores llaman a casa a los ciudadanos haciéndose pasar por algún conocido concurso televisivo. ¿Lo conoce? ¿Y cómo es que lo conoce? ¿Tiene televisión? ¿Cómo es que la tiene si no paga el canon correspondiente?
Y en España... si los casi tres mil millones de euros de deuda (o, mejor, quinientos mil millones de pesetas) que RTVE tenía ya en 1996 (en torno a un 0,7% del PIB) y sus pérdidas anuales se hubieran contabilizado como lo que, en el fondo, eran, deuda pública uno y déficit público, el otro, difícilmente se hubieran cumplido los criterios de convergencia fijados en Maastricht. No hubiéramos entrado ni siquiera en el euro. Lo mismo pasa con gran parte de las empresas públicas, municipales o regionales, cuyo pasivo no se suele incluir como deuda pública. Si se hiciera, hace tiempo que esta hubiera superado al PIB.
La televisión es muy cara de producir. Por eso, y por las grandes inversiones iniciales que requiere, inicialmente fueron empresas públicas las que, en cada país, empezaron a emitir. Una vez que han alcanzado cierta cuota de pantalla, también son un negocio muy rentable. O lo eran, cuando el de la publicidad era uno de los mercados más grandes de las sociedades avanzadas. Ahora que ha dejado de serlo y que cada vez es más difícil llevarse un segmento del pastel... ¿no sería la hora de cambiar la forma de financiación de las televisiones públicas, de forma que los ciudadanos sepan realmente cuánto les va a costar, porque lo paguen ellos mismos a través de un impuesto directo y, también, que los “entes” sepan exactamente cuánto pueden gastar?