El gobierno ha rechazado las condiciones de última hora de Sheldon Adelsson. La seguridad de sus inversiones contra cualquier pérdidas ha sido una petición que ha superado la paciencia de las autoridades españolas, hartas de alargar la alfombra roja al inversor americano. Un año de duras negociaciones con la realización de una legislación a medida de Las Vegas Sands, y la adecuación del marco normativo español. Vencen quienes han criticado una inversión alejada de la tecnificación que deben realizar todas las empresas para adecuarse a la era Internet.
“Después de meses de conversaciones continuadas a varios niveles con el Gobierno de España y de un análisis a fondo, Las Vegas Sands ha anunciado hoy que no presentará una propuesta formal de invertir 30.000 millones de dólares en una serie de Resorts Integrados en Madrid”, afirma el escueto comunicado enviado por la empresa. Tras agradecer el tiempo de trabajo empleado por las administraciones españolas en su proyecto, Sheldon Adelsson afirma que “en este momento, nuestra atención se centra en impulsar países asiáticos como Japón y Corea, para mejorar drásticamente su oferta turística a través del desarrollo de resorts integrados allí”.
El trabajo realizado por las autoridades españolas en este último año ha sido intenso. La Comunidad de Madrid realizó la ley CID (centro integrado de desarrollo), un traje a medida para dar la concesión a Adelsson, y había accedido a rebajar el impuesto especial del juego a la cuarta parte hasta un 10%. Más problemas causó la flexibilización de la ley antitabaco, algo que la ministra Ana Mato no fue capaz de poner en su boca por la impopularidad que conlleva. Aun así, era voz populi que iban a buscar atajos para permitir fumar en el interior del casino. Las peticiones de Adelsson incluían una flexibilización laboral para el equipo directivo de su confianza trasplantado desde su cuartel americano, tampoco había problema en esto.
Las negociaciones del mayor proyecto de inversión privada de la historia de Europa llegaron a una complejidad tal que el mismo secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, tomó las riendas como interlocutor del gobierno en grandes inversiones para tejer los hilos del marco legal adecuado al proyecto.
Apenas hace dos meses, el portavoz de Las Vegas Sands Corporation aseguraba esperar “con interés la reacción del gobierno español al estudio de nuestro proyecto de viabilidad. Su primera fase requiere una inversión de 6.000 millones de euros, el 35% de los cuales procederá de equity de la compañía y el resto de financiación bancaria. No tenemos barreras financieras para hacerlo”. ¿Por qué ha pedido ahora la garantía de la recuperación de la inversión de su proyecto ante un fracaso, y una indemnización si se cambia la normativa? Ningún empresario pide garantías de tal calibre para montar un negocio. La petición de Adelsson de última hora ha sido una jugada más próxima a la estorsión mafiosa que ha podido aprender en Las Vegas, Hong Kong o Macao, justo donde tiene sus casinos, que al riesgo tomado por un empresario. Los mayores perdedores serán los “avispados” inversores anticipados a comprar terrenos cercanos al erial que acogería el macroproyecto.
Las Vegas Sands quería tener en Madrid un complejo con cuatro hoteles de 3.000 habitaciones, 120.000 m2 de tiendas, 60.000 m2 para congresos, campo de golf y dos casinos de 32.000 m2. Su rentabilidad determinaría triplicar el proyecto y añadir 16 salas de espectáculos, un teatro y un gran pabellón deportivo. El grupo cotiza en Nueva York, tiene 46.000 empleados y facturó 11.131 millones de $ en 2012 con un beneficio neto de 1.524 millones de $, un 18,3% y un 20,1% más, respectivamente, sobre el ejercicio anterior. Gestiona ocho resorts integrados de casinos y salas de convenciones en Estados Unidos, Singapur y China.