El clamor de la administración y las empresas españolas del sector presentes en el pasado encuentro de Santander en favor del mercado único fue un reflejo del trabajo realizado por las autoridades europeas desde hace meses. La consolidación de operadores fue razón unánime quizás porque Telefónica, Vodafone y Orange, los tres operadores con mayor presencia en España, son caballos ganadores. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea es de gran calado, y levantará demasiadas ampollas hasta su culminación en 2014. Una revolución que contamos.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha presentado la reforma para levantar las barreras de los 28 mercados de telecomunicaciones que hay en Europa. El primer paso para hacer un “continente conectado” sería la desaparición del cobro del roamming, la itinerancia de la telefonía móvil entre países, algo que duele a los operadores porque supone la desaparición de pingues beneficios (1.600 millones de euros). La medida eliminaría las fronteras europeas para hablar por teléfono, reduciría los gastos de los consumidores viajeros y de las empresas que trabajan en varios mercados, y garantizaría el acceso de todos los europeos de forma equitativa a Internet. La parte positiva es que aumentaría el uso del móvil y –dice la Comisión europea- la facturación. La parte negativa es que tal aumento obligaría a nuevas inversiones para dimensionar las redes, y la generalización de las tarifas planas de voz reduciría un posible aumento de facturación.
La Comisaria de la Agenda Digital, responsable del paquete, Neelie Kroes, ha dicho “no a los recargos por la itinerancia, sí a la neutralidad de la red, sí a la inversión, sí a nuevos puestos de trabajo”, como un grito unánime de todas las autoridades de la Unión Europea. Es imprescindible para aumentar la competitividad de la industria europea porque vería reducida su factura de conectividad (telefonía y acceso a Internet). Un abultado gasto que permite al sector de las telecomunicaciones representar el 9 % de la economía digital de Europa a pesar de ser un sector deflacionista, al menos en España.
El paquete del mercado único recoge la simplificación de las normas de la UE para los operadores de telecomunicaciones, con una autorización única para funcionar en los veintiocho Estados miembros en vez de las veintiocho normativas actuales. Esta medida imprescindible para realizar el mercado único es aplaudida por los operadores (en España todavía se trabaja para simplificar la compleja normativa estatal, municipal y autonómica que debe cumplirse para instalar redes). La simplificación normativa será el primer paso para reducir el número de mercados regulados, con ello se quiere simplificar el acceso de todos los operadores, mediante alquiler, a las redes realizadas por unos pocos. La medida levantará ampollas entre los operadores inversores si las autoridades imponen los precios del alquiler, tal y como sucede ahora. La dialéctica entre quien quiere rentabilizar sus inversiones, o cerrar sus redes al acceso de terceros, y quienes reclaman un alquiler rentable para ofrecer servicios a precios competitivos en endémica.
Otra medida que traerá cola será la imposición de la Internet abierta, la tan discutida neutralidad de la red pedida por Google. Las autoridades europeas aseguran el acceso total a una Internet abierta, y que la velocidad contratada por los usuarios no se vea mermada por priorizar servicios de pago contratados por otros clientes.
Bruselas también se arremanga para armonizar la asignación coordinada del espectro. “Ello garantizará a los europeos un mayor acceso a la telefonía móvil 4G y mayor disponibilidad de redes Wi-Fi. Los operadores móviles podrán desarrollar planes de inversión transfronterizos más eficientes, gracias a una mayor coordinación de los calendarios, la duración y otras condiciones vinculadas a la asignación del espectro”. En la medida se asegura los cánones cobrados por los estados miembros al realizar las subastas de espectro para telefonía móvil.
Las metodologías de costes para aumentar la seguridad de los inversores con el fin de “incrementar sus niveles de inversión, y reducir las divergencias entre los reguladores”, es otro de los puntos tratados. La medida supone “una mayor armonización y estabilización de los costes que los operadores tradicionales pueden cobrar por ofrecer a otros acceso a sus redes de cobre existentes”. O sea, fijarán los precios del alquiler de redes a terceros, de una u otra forma.
Y otorga a los operadores sin red la garantía de contar con ellas para montar su negocio, aunque esta afirmación queda mermada por otra. “Cuando se garanticen esas limitaciones competitivas y la no discriminación, los precios del acceso mayorista a la banda ancha de próxima generación (redes de fibra óptica y redes 4G/LTE) los determinará el mercado y no los reguladores, lo que supondrá reducir la burocracia para los operadores”. ¿Quién determinará cual es el precio del mercado?, precisamente este ha sido el caballo de batalla de enfrentamientos entre los operadores con y sin red en la oficialmente desaparecida (aunque sigue funcionando) CMT.