La normativa impulsada por el Ejecutivo limita la concesión de licencias para evitar su concentración. Prohíbe, además, la oferta cruzada con empresas de telefonía y datos. Quedan fuera de la ley los medios escritos.
La primera lectura que se hace del proyecto enviado por la Administración Mujicaes lo poco favorable que resulta a las empresas de telecomunicaciones, ya que la propuesta prohíbe que las empresas audiovisuales ofrezcan servicios de telefonía o transmisión de datos. Reuters recuerda que semanas atrás el Gobierno uruguayo revocó a la operadora Claro, del grupo América Móvil, una licencia para dar servicio de televisión satelital.
Por otra parte, en el cable firmado por Malena Castaldi, se destaca que la legislación limita a tres el total de medios audiovisuales en poder de un grupo empresario y establece que no podrá concederse más de una frecuencia radial por banda, AM o FM.
"Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas", indica el proyecto de ley.
Las licencias serán otorgadas por un plazo de 10 años para radio y de 15 años para televisión, con la posibilidad de ser prorrogables por una década. Deberán pagar un canon por su uso, que será fijado más adelante por el Poder Ejecutivo, explica la agencia, para luego afirmar que La ley, en principio, no presenta amenazas para los actuales licenciatarios de radios y canales de televisión en Uruguay, “aunque algunos de ellos podrían tener que ajustar su situación, para lo cual dispondrán de un plazo de cinco años”.
El Gobierno define en este texto a los Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) como “servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional” y, por lo tanto, de “interés público”.
Monopolios y oligopolios
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas”.
Por ello, “es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control”, señala el texto.
Para la aplicación de las medidas regulatorias, el proyecto prevé la creación de una autoridad de aplicación, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá como tarea “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas” del sistema y contempla la figura del ombudsman específico para este sector.
La iniciativa propone el establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, disposiciones para regular los contenidos en horarios de protección al menor y garantizar la libertad editorial, de expresión e información y la independencia de los medios, además de postular la prohibición de la censura previa.
También pretende la regulación de los mensajes publicitarios, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales para propaganda proselitista, el uso compartido de canales radioeléctricos y la prohibición a las empresas telefónicas de explotar ondas de radio y televisión.
El proyecto contempla los derechos de los periodistas, quienes podrán “negarse a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que hayan sido sustancialmente modificados sin su consentimiento”, según reza la propuesta de ley.
La propuesta incluye la obligatoriedad de emitir a través del servicio de radiodifusión de televisión abierta, en directo y simultáneo, los partidos en instancias definitorias de torneos internacionales de las selecciones nacionales de fútbol y básquet.
Distintos analistas resaltaron que el proyecto no regula los servicios de comunicación que utilicen Internet como plataforma de difusión.