Ya está instalada la batalla en el terreno judicial, seguramente el que más le conviene al grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble.
La ofensiva de los abogados de Clarín ataca a la actuación del juez Horacio Alfonso, quien declaró la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales. En la apelación, los letrados del grupo periodístico más grande de Argentina y antiguo aliado de Néstor Kirchner, solicitaron que la Cámara en lo Civil y Comercial “revoque la sentencia”, ya que el juez Alfonso “ignoró la totalidad de la prueba producida”, no realizó el “control de constitucionalidad” de la ley de medios y desconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, “distorsionó” los precedentes y la doctrina aplicables al caso, según la presentación realizada en sede judicial.
Clarín, a través de sus abogados, alega que las limitaciones arbitrarias de la ley de medios configuran un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la información, al restringir medios audiovisuales que no usan espectro, quitarle sustentabilidad a los medios privados para obligarlos a depender de recursos oficiales y generar desigualdad entre distintos actores de la comunicación, lo que generará una reducción de opciones informativas, silenciará voces críticas y restringirá la competencia en el acceso a Internet, además de afectar a los contenidos audiovisuales, en clara alusión a la política de comunicación seguida por la Administración Fernández de premiar con pautas publicitarias a los medios dóciles o sensibles a los intereses del Ejecutivo.
Por su parte, el Gobierno contraatacó cuestionando la legitimidad de Clarín para ser parte de la causa, ya que no sería titular de sus propias licencias. Argumento este, de acuerdo a Clarín, contradictorio con lo actuado hasta ahora por el Gobierno.