Los abogados del Grupo Clarín ganaron la primera batalla al conseguir que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal avalara una presentación de su cliente y resolviera extender la medida cautelar. El Gobierno respondió con otro recurso. Todos los caminos concluirán en la Corte Suprema de Justicia.
Llegó la hora de los letrados en la guerra que mantiene el Gobierno con el Grupo Clarín, principal empresa editora de Argentina y hoy opositor, tras ser el principal aliado de Néstor Kirchner cuando este ocupaba la presidencia de la Nación.
Los representas jurídicos de Clarín lograron que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal extendiese la medida cautelar que le autoriza a no presentar su plan de adecuación a la Ley de Medios hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la causa de fondo, relativa a la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161, que obligaría al Grupo desinvertir en medios audiovisuales, principalmente en la televisión de pago, ya que sus empresas, Cablevisión y Multicanal conforman un duopolio.
Lo cierto es que este fallo adverso al Gobierno no dejó de sorprender a quienes transitan diariamente los pasillos de los tribunales. Incluso se habla de varapalo para la Administración Fernández. De hecho, muchos arriesgan que tan duro golpe se debió a que la Cámara no prorrogó la medida cautelar por 180 días, sino que lo hiciera hasta que haya sentencia definitiva, es decir, la conclusión del pleito.
Según el Cronista, este hecho fue tomado por Clarín como un triunfo porque le quita poder al juez Horacio Alfonso, subrogante del Juzgado de primera instancia que tramita la causa, y que el Grupo cree que fallará en su contra.
Con todo, las malas noticias para el Gobierno llegaron horas antes de hacerse pública la sentencia: La Comisión Nacional por la Independencia Judicial emitió un comunicado en el que solicitaba al Poder Ejecutivo que evite el uso de mecanismos directos e indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia. Para el Cronista, el mensaje fue leído como un reto de la Corte Suprema, ya que la Comisión la coordinan las ministras del Alto Tribunal Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.
La respuesta del Gobierno llegó este mismo día, 7D, al presentar un recurso contra la prórroga de la medida cautelar. Fuentes de la agencia de noticias DyN indicaron que la presentación fue presentada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que apunta a acelerar los plazos procesales para que la Corte Suprema de Justicia se haga cargo del expediente.
En rigor, el planteo, que fue anunciado en la víspera por el ministro de Justicia, Julio Alak, como un “per saltum”, es en realidad una apelación que procura que los tiempos procesales normales en este tipo de expedientes se acorten sustancialmente para que el expediente pase a estudio de la Corte Suprema de inmediato.
Los jueces, ahora, tienen la palabra. Y será la definitiva. Tanto Clarín como el Gobierno cuentan con poderosas herramientas para intentar influir en ellos. Veremos quién gana. Quizás triunfe la Justicia. En ese caso, la sociedad argentina será la vencedora.