El pasado 26 de septiembre, las autoridades brasileñas detuvieron al jefe de Google en el país por negarse a retirar algunos vídeos de su filial YouTube que parecían violar las leyes electorales. La decisión, lejos de perjudicar a la empresa, la ayudó a limpiar su imagen como defensora de la libertad de expresión, según informa “The Economist”.
En el artículo, el semanario británico destaca que, dos semanas antes, esas credenciales se habían visto empañadas debido a que Google bloqueó en ocho países la visión de un tráiler de la película que había indignado a los musulmanes. En seis estados, incluyendo India y Arabia Saudí, los tribunales prohibieron las imágenes. En Egipto y Libia, donde los manifestantes atacaron embajadas de Estados Unidos y se produjeron varias muertes, Google decidió retirar el vídeo por su cuenta.
Esa decisión provocó el debate sobre cómo las empresas de Internet con sede en países que protegen la libertad de expresión deben responder a los estados que la restringen, dado que hay estudios que aseguran que las restricciones en Internet están aumentado en 20 de los 47 estados que se analizan. De hecho, Google reconoció que 45 países habían solicitado bloquear algún contenido en la segunda mitad de 2011, mientras que en el mismo periodo de 2002 sólo recibió cuatro peticiones de ese tipo.
Un ejemplo de esas peticiones es la que cursó la oficina de pasaportes de Quebec, que quiso bloquear un vídeo que defendía la independencia de la región y en el que aparecía un ciudadano orinando en su pasaporte y tirándolo por el inodoro. En cualquier caso, “The Economist” reconoce que la mayoría de las empresas aceptan que tienen que cumplir las leyes de los países en los que operan. Por ejemplo, el contenido nazi está prohibido en Alemania. Las grandes empresas de Internet, por su parte, pueden impedir a los usuarios el acceso al contenido que los Gobiernos consideran ilegal pero dejarlo a disposición de los visitantes procedentes de países donde no se aplica la prohibición.
Algunas compañías, como Twitter o Google intentan ser transparentes y publican informes semestrales de las peticiones de los gobiernos para bloquear la información y avisa a los ciudadanos cuando se censura un contenido en su país. El artículo matiza que en ocasiones los límites son muy difusos. Por ejemplo, la mayoría de los usuarios apoyan las políticas que prohíben la incitación al odio y a la obscenidad, aunque no sean ilegales. En este sentido, y citando normas que prohíben el contenido con carga sexual, Facebook censuró una caricatura del “New Yorker” que mostraba un torso desnudo de Eva en el Jardín del Edén. También es habitual la retirada de fotos de la lactancia materna si muestran los pezones de la madre.
“The Economist” subraya que las preocupaciones e intereses comerciales pueden prevalecer sobre la coherencia. Por ejemplo, Twitter censuró el relato de un periodista que había publicado la dirección de email de un ejecutivo de la NBC mientras criticaba la cobertura de los Juegos Olímpicos. Twitter acabó reconociendo que había supervisado los mensajes que criticaban a la empresa, que es uno de sus socios de negocios, y prometió que no lo volvería a hacer.
Los sistemas automatizados tampoco son un seguro, dado que, citando una violación de derechos de autor, los robots de YouTube bloquearon un vídeo de Michelle Obama hablando en la convención del partido Demócrata, quizá por la música que sonaba de fondo.
Ante el problema, las empresas de Internet tratan de mejorar sus sistemas. Facebook está desarrollando una herramienta que ayuda a los usuarios a resolver quejas simples entre sí. En este aspecto, “The Economist” subraya que los remedios más simples pueden hacer “más felices a los usuarios”. Rebecca MacKinnon, experta en libertad de Internet, explica que las empresas de la Red actúan como “poder legislativo, policía, juez, jurado y verdugo” en la aplicación de políticas de moderación y deben ofrecer a sus miembros la oportunidad de apelar.
El artículo señala que, pese a todo, es importante que muchos países cambien las leyes anticuadas. Por ejemplo, en 2010 un tribunal italiano dictó penas de cárcel a tres ejecutivos de Google después de que un vídeo mostrara en YouTube el maltrato a un niño discapacitado a pesar de que la empresa lo eliminó cuando recibió la notificación.
“Algunos usuarios creen que evitar el delito es un valor más alto que el riesgo de censura, pero la mayoría ve las cosas al revés. Por tanto, las compañías de Internet nunca van a satisfacer a todos. La buenas leyes apuntan, sin embargo en la dirección correcta”, finaliza “The Economist”.