La discusión en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está centrada en la aplicación de dos artículos: el 161 y el 45. El primero de ellos es el que indica que los titulares de licencia tienen el plazo de un año para adecuarse a los límites que impone la ley. El Grupo Clarín interpuso una medida cautelar, que la Corte Suprema aceptó pero que limitó hasta el 7 de diciembre. Para el Gobierno, ese día debe aplicarse la ley. Pero para el Grupo, en cambio, a partir de allí empieza a correr el año. Las otras empresas de medios que también incumplen la normativa.
Mientras tanto, la Justicia debe expedirse sobre la cuestión de fondo, que son los límites que establece el artículo 45, sobre la “multiplicidad de licencias”. Clarín impugnó judicialmente ese apartado, al sostener que es un “régimen arbitrario y discriminatorio de licencias”. Ese régimen fija que ningún grupo empresario puede tener más de 24 licencias de TV por cable (Clarín tiene más de 240), ni más de diez licencias abiertas (incluye radios AM, FM y canales de TV). Además, en ningún caso se puede prestar servicio a más del 35% de habitantes o abonados (Cablevisión tiene el 47%). A nivel local, se puede tener una AM, hasta dos FM (en las grandes ciudades) y una licencia de TV por cable o de canal de aire, por eso Clarín debe decidir entre Cablevisión o Canal 13.
Aparte de Clarín, otros grupos –muchos aliados al Gobierno– también están en una situación irregular y deberán ajustarse a la ley.
En tanto, Clarín, el gran afectado por la normativa audiovisual, asegura que no hay garantías de que la adecuación que quiere imponer el Gobierno a partir del 7 de diciembre no será una caza de brujas para terminar con los pocos medios independientes del país.
Y la desprolijidades – o no – de la Administración Fernández le da argumentos al Grupo Clarín, ex aliado de Néstor Kirchner, para poner en duda la imparcialidad del órgano regulador. En efecto, el periódico destaca que Martín Sabbatella, quien acaba de asumir como presidente de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afasca), no renunció a su banca de diputado nacional. Afsca, según la Ley de Medios, es un organismo “descentralizado y autárquico” con una bajísima discrecionalidad política.
Paso seguido, Clarín denuncia que fue el propio Gobierno en no cumplir la ley. Para argumentar su enfado, Clarín cita una larga lista de arbitrariedades. Entre ellas, recuerda, que para “democratizar” el espacio radioeléctrico y asignar nuevas licencias de forma transparente, la Afsca debía presentar un plan técnico (art. 32) y reservar un 33% al sector social sin fines de lucro (art. 89). Nunca lo hizo. En cambio, sigue el periódico, quiso licitar 220 licencias de TV abierta sin especificaciones técnicas, por lo que las convocatorias quedaron desiertas.
Lo que sí hizo, continúa, violando el artículo 32, fue asignar en forma directa, sin concurso, licencias de televisión digital a sus amigos (CN23 de Sergio Szpolski, C5N de Daniel Hadad).
Y hay más. La Afsca debía realizar un censo de licenciatarios para conocer el estado de situación y crear un Registro Público de Licenciatarios y Autorizaciones (art. 57), con información de todas las empresas de medios, fechas de inicio y expiración de cada licencia, y nombre de cada accionista y su porcentaje de participación. Lo cierto es que el censo se anunció, pero se desconocen sus resultados; el Registro Público nunca se creó.
Los medios que tienen que vender todos sus activos por incompatibilidades
Desde que comenzó este litigio, Clarín sostiene que otros y muchos medios no cumplen con la nueva normativa, a continuación el listado según el periódico:
1. Grupo Telefónica de España (Telefe y varios canales de aire), empresa extranjera accionista de Telefónica y Telecom de Argentina.
2. Remigio González González (Canal 9), accionista extranjero de una empresa registrada en Estados Unidos.
3. Grupo Uno (Vila-Manzano, dueños de América TV, América 24, Radio La Red y varios canales de televisión del interior), opera concesiones petroleras y una empresa de energía provincial. Recientemente adquirieron Radio Rivadavia sin autorización de la AFSCA, violando el art. 41.
4. Francisco de Narváez (accionista de América TV), diputado nacional.
5. Grupo Prisa (Radio Continental y otras emisoras), empresa española.
6. Cristóbal López (adquirió recientemente C5N y Radio 10 –aunque esta última está en una situación indefinida- sin autorización de la AFSCA violando los art. 41 y 25 inc. d), concesionario de obra pública y yacimientos petroleros.
7. Electroingeniería (Radio del Plata y Señal 360 TV), concesionaria de obra pública.
Las empresas que superan el límite de licencias permitido o que ofrecen simultáneamente TV por aire y cable, prohibido en el art. 45, deberán desprenderse de algunos de sus medios. Es el caso, entre otros, de los grupos Clarín (Canal Trece y Cablevisión), Moneta-Garfunkel (Rock & Pop, Metro y otras).