La junta de accionistas del diario chileno la Nación, con el apoyo de los representantes del Estado, que tiene un 69% de su propiedad, cerró y liquidó los bienes del periódico, que tenía 95 años de historia y que en desde 2010 sólo funcionaba en digital. Trabajaban 117 personas.
A la decisión se opusieron los sindicatos y los accionistas minoritarios, dueños del 31% restante, que en su mayoría son propiedad de la sociedad privada Colliguay, compuesta por tres particulares y que ha anunciado que demandarán al estado porque consideran que no hay razones económicas que justifiquen el cierre de la sociedad.
Antes de llegar al poder, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya había cuestionado la orientación del periódico porque, en su opinión, se había convertido en “una fábrica de propaganda de los Gobiernos de turno”. Al llegar al poder, Piñera adelantó que el Gobierno estaba planteándose reformar el rotativo o venderlo. Finalmente, en noviembre de 2010 se publicó su última edición impresa, lo que consolidó a otros diarios como El Mercurio o Copesa.
“Pensamos que lo mejor es que los gobiernos no tengan medios de comunicación a los cuales influir en sus líneas editoriales o líneas informativas”, defendió el portavoz del Ejecutivo, Andrés Chadwick.
El presidente del Colegio de Periodistas y ex director de La Nación, Marcelo Castillo, aseguró que era “la evidencia y la constatación de que se podía hacer otro periodismo diario” y deploró que “estamos en un país en el que no hay diarios de oposición, algo que ocurre solo en dos países de América Latina”.
El periódico estaba editado por la Empresa Periodística La Nación S.A., que también difunde el Diario Oficial de la República de Chile, publicación que era la principal fuente de ingresos de la compañía y que pasará ahora a depender del Ministerio del Interior. Queda aún por determinar cuál será el futuro del archivo histórico de La Nación.