El Gobierno dice en foros autonómicos que de los 800 millones de euros pagados por los operadores móviles para hacer el dividendo digital quedan 45. Prepara una normativa por la que cambia el darlos mediante ayudas directas por peticiones puntuales. Se destinarán por igual a la preparación de los edificios para la TDT, obligada por el dividendo digital, o a la recepción de la televisión por cable o satélite, que son de pago. ¿Y esto porque Astra está empeñada en comercializar su satélite en España, tras más de 20 años de fracaso?
La Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) prepara el camino para quitar las ayudas directas a la reantenización obligada por el dividendo digital, que deberán hacer los 1,5 millones de edificios con antena TDT. Ha retirado el Proyecto de Real Decreto para regular la concesión directa de subvenciones destinadas a ello. “Lo ha justificado explicando que se encuentra incompleto en espera de las conclusiones que se obtengan de la Consulta Pública que permanecerá abierta hasta el 15 de junio. Una vez incluidas dichas conclusiones en el Proyecto de Real Decreto, se convocará nuevamente al CATSI (sin fecha aún). Son impresentables. Sabían de sobra que estaba en marcha la Consulta Pública y, sin embargo, mandaron al orden del día, el borrador del Real Decreto de ayudas para luego retirarlo”, explica una fuente que prefiere guardar el anonimato.
La maniobra esconde varios cambios. El Proyecto de Real Decreto apela a la neutralidad tecnológica para decir que los receptores de las ayudas podrán elegir entre adaptar su instalación TDT a las nuevas señales, poner una antena de satélite o preparar el edificio a la llegada del cable. O sea, primará económicamente por igual la televisión TDT, por satélite o por cable. Lo hace para quitarse de encima problemas derivados de la denuncia realizada por la empresa luxemburguesa de satélite Astra, que se ha escudado en el principio de neutralidad tecnológica para vender sus servicios en España, país en el que están desde hace más de 20 años sin éxito. Detrás se esconde el abandono del modelo de televisión gratuita. Si el Real Decreto se publica en estos términos, el gobierno estaría subvencionando la llegada de la televisión por cable y por satélite de pago a los hogares, que es vendida por empresas privadas.
Una cosa positiva del cambio de ayudas para todos a peticiones es su dilución en el tiempo. Este año solo tiene 45 millones de euros en ayudas, y la contestación de las peticiones ciudadanas permitiría incluirlas en una nueva partida en los Presupuestos Generales del Estado del año próximo. ¿No habría sido más fácil decir desde el principio los 800 millones de euros dados por los operadores de móviles han ido a enjugar el déficit, y mostrar los caminos alternativos? El borrador pretende que no sean posibles reclamaciones posteriores de la Unión Europea ante las ayudas del Estado para la antenización. Una bajada de pantalones ante la denuncia de Astra, que no habría sido necesaria si se diera la cara, y llamaran a las cosas por su nombre.