Arden los despachos de los directivos de las cadenas españolas de televisión. Se habla de robos y de denuncias. Les quieren quitar su bien más preciado, el espectro radioeléctrico por el que llevan la programación a las casas de los ciudadanos. La excusa es un segundo dividendo digital que podrían acordar organismos internacionales en 2015 para que los móviles de todo el mundo funcionen en la misma frecuencia. La realidad es que quieren enjugar el déficit público con el dinero que están pagando los operadores de telecomunicaciones por el primer dividendo digital español para que las televisiones se cambien de frecuencia. Contamos los detalles del escándalo.
La cara de José Miguel Contreras al salir de la reunión mantenida ayer con representantes del nuevo gobierno lo decía todo. Las palabras “robo” “expropiación” y “denuncia” han sido las más suaves salidas de la boca del presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), desde entonces. No es para menos. El Gobierno ha decidido reducir a la mitad el espectro radioeléctrico que tienen las cadenas de televisión para emitir su programación. Así se lo contaba el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo a los CEO de las cadenas privadas de televisión en reuniones mantenidas durante el pasado miércoles 14 de marzo. El ideólogo del desatino es el director general de Telecomunicaciones, Alberto Rodríguez Raposo, que ya estaba redactando la legislación oportuna para ejecutarlo. La respuesta de las cadenas privadas fue un no rotundo el jueves 15 de marzo, y la convocatoria de la reunión de anoche, terminada sin acuerdo.
La reducción del espectro planeada por Industria conlleva la reducción a la mitad del número de programas de todas las cadenas nacionales y autonómicas, o la imposibilidad de emitir en HD si deciden mantener el número de canales. Sin embargo, el gobierno solo está dialogando con Antena 3, La Sexta, Telecinco-Cuatro, Net TV (Grupo Vocento) y Veo TV (Grupo Unedisa). Cada una de estas cadenas tiene cuatro programas nacionales digitales, ocho en el caso de la fusionada Telecinco-Cuatro, gracias a una concesión administrativa concedida por ley hasta 2024. Amparándose en ella, las cadenas privadas podrían demandar al gobierno si ejecuta su idea.
La excusa puesta por Calvo Sotelo es la reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra los pasados 20 y 21 de febrero. En ella se encargó un estudio para identificar nuevas bandas de frecuencias que podrían darse a los operadores móviles para que funcionen en la misma frecuencia en todo el mundo. En la próxima reunión de 2015 se debatirán las propuestas que, caso de aprobarse, no se ejecutarían antes de 2020. Las frecuencias en estudio están ocupadas por la televisión digital en toda Europa. En España supondría poner en marcha un segundo dividendo digital, algo que ha anticipado el actual gobierno cuando ni siquiera ha culminado el proceso del primero. Y eso es, precisamente, lo que no quiere hacer para ahorrarse los casi 800 millones de euros que deberá pagar para reorientar las antenas de casi un millón y medio de edificios e informar a la población del cambio de canal de los programas.
El primer dividendo digital obliga a los canales nacionales a mover sus programas para liberar la banda de frecuencia 790-862 MHz antes de 2015, y dejarla para servicios de banda ancha móviles. El gobierno de Zapatero vendió la banda 790-862 MHz a Movistar, Vodafone y Orange por 1.250 millones de euros para hacer la 4G móvil, en un paquete junto con otras frecuencias. El coste total del proceso fue de 2.000 millones de euros, y está recogido en la Ley de Economía Sostenible. Las operadoras han pagado una parte en 2011 ya gastados por el anterior gobierno, y en este año desembolsarán los restantes 650 millones de euros. Esta cantidad sería suficiente para pagar el coste del dividendo digital. El Gobierno ha dicho ahora a UTECA que dado que en 2015 se pondrá en marcha un nuevo dividendo digital que las obligaría a una nueva reubicación en el espectro ¿para que van a moverse ahora? Mucho mejor emitir todos sus programas por una de las frecuencias que ya tienen, y así el gobierno se ahorra el grueso de los 800 millones de la reantenización. Enorme chapuza, que las cadenas privadas estarían dispuestas a denunciar. Mañana viernes 23 hay una nueva reunión. ¿Habrá ya llegado a oídos de la vicepresidente Soraya Sáez de Santamaría? Seguiremos informando.