La autoridad gala de la competencia ha anulado 5 años después la compra de TPS, por el incumplimiento de importantes cláusulas asumidas en su día por Canal+. La decisión, que también impone una multa de 30 millones de euros, será recurrida por el grupo mediático de Vivendi, que rechaza haber mensocabado la situación de sus competidores.
Canal+ ha reaccionado con indignación a la decisión de la Autoridad de la Competencia de anular la autorización de compra de la plataforma digital TPS, en el año 2006, por presuntos incumplimientos del acuerdo de adquisición. "No se puede contemplar cuestionar una fusión que se produjo hace casi cinco años", señaló en un comunicado Canal Plus, que interpreta el dictamen como un medio para obligarle a "suscribir nuevos compromisos aplicables más allá de los previstos en la autorización de 2006". Las espadas están en alto en una de las mayores operaciones de concentración mediática en Francia.
Para los reguladores públicos del mercado, la autorización se había dado con una serie de condiciones (en total 59) que habían aceptado Canal Plus y Vivendi teniendo en cuenta que esa adquisición suponía la fusión de "los dos grandes operadores de la televisión de pago" y creaba "un monopolio en la edición y comercialización de cadenas 'premium'". Sin embargo, estas fuentes afirman que las condiciones pactadas se violaron gravemente, mostrando "de manera general una falta de diligencia y la mala voluntad repetidas de Canal Plus".
La principal queja de las autoridades es que Canal Plus tardó en poner a disposición de los distribuidores alternativos los siete canales que debía permitirles incluir en sus ofertas y "degradó la calidad" de estos recursos. De esta forma, se imposibilitaba acceder a contenidos atractivos para constituir paquetes de cadenas "competitivos" que alimentaran la competencia. Por contra, Canal+ considera que la Autoridad de la Competencia abre el debate sobre el hecho de que las condiciones de competencia que había en 2006 se han modificado totalmente, y que a ese respecto "no tiene en cuenta en absoluto las nuevas condiciones que resultan de la intervención masiva en el mercado de la televisión de los gigantes de Internet y de los operadores de telecomunicaciones".