Un comité independiente de vigilancia ética de la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, tiene en el punto de mira a Google, Facebook y Twitter. El Comité sobre Estándares en la Vida Pública ha realizado un informe en el que acusa a las empresas tecnológicas de no haber hecho lo suficiente para proteger a los usuarios del contenido que se publica en sus plataformas.
El informe se titula 'La intimidación en la vida pública' y se centra en las amenazas que sufren en la Red los candidatos parlamentarios, entre otros grupos. Hasta ahora, Reino Unido ha estado sometido a la Directiva de Comercio Electrónico de la UE (2000), en la que las plataformas tecnológicas son tratadas como simples "anfitrionas" del contenido que se publica en ellas y solo están obligadas a eliminar algo cuando se denuncia. La recomendación es que tan pronto como se materialice el Brexit, el gobierno británico promulgue una nueva legislación en la que estas compañías adopten un enfoque más activo al abordar el contenido ilegal (abusivo, racista, terrorista…).
Según dicho informe, las empresas de medios sociales deben ser capaces de implementar la tecnología necesaria para identificar el contenido intimidante publicado en sus plataformas, y garantizar que será retirado tan pronto como sea posible. Además, deben dotar a sus usuarios de las herramientas necesarias para hacer frente a esa intimidación. Los expertos recomiendan que, al menos cada trimestre, las compañías hagan públicos los datos sobre el contenido que han eliminado y el tiempo que les ha llevado hacerlo.
Otra recomendación es que si el país se encuentra en plena campaña electoral, la colaboración entre el gobierno y las redes sociales ha de ser más estrecha para que ese contenido intimidatorio se elimine con mayor rapidez y se establezca un código de conducta para que los candidatos políticos sepan cómo actuar ante él. Incluso abogan por elevar a la categoría de delito electoral esa intimidación con el fin de resaltar la gravedad del problema. Para hacer cumplir la ley, la Policía también debe estar bien entrenada para investigar los delitos.
Facebook ha asegurado que desde la empresa están invirtiendo en la contratación de más personas que velen por la seguridad de los candidatos, informa 'Financial Times'. El propio informe señala que el personal que ayuda a los usuarios a compartir contenidos de forma responsable ha aumentado de 4.500 a 7.500 personas. Por su parte, Google ha señalado que revisa el 98% del contenido marcado en YouTube cada día y se ha comprometido a publicar informes regulares sobre el contenido que elimina. Twitter ha respondido a las recomendaciones del informe que ya han multiplicado por diez el número de cuentas en las que intervienen a diario en comparación con el año pasado, además de utilizar una nueva tecnología para limitar la funcionalidad de una cuenta o suspenderla si comete abusos.
Los defensores de la libertad de expresión ya han alzado la voz para denunciar que Facebook, Google o Twitter pueden convertirse en auténticos censores con poder suficiente para decidir qué tipo de contenidos pueden ver los ciudadanos.
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