El proyecto de ley que prepara el Gobierno de David Cameron quiere revisar la encriptación a la que someten las compañías tecnológicas a los datos y comunicaciones de sus usuarios a través de códigos para mejorar la persecución de actividades criminales.
Entre las propuestas se incluye la posibilidad de que la policía y los servicios de seguridad accedan a los registros de uso de Internet de todos los ciudadanos sin necesidad de una autorización judicial, aunque si desean acceder al contenido de las comunicaciones sí necesitarán autorización expresa del ministro del Interior y de un panel de comisarios judiciales.
El Gobierno británico ha explicado que promoverá este proyecto para incrementar la seguridad debido a la creciente amenaza terrorista, pero se ha encontrado con una feroz oposición que critica un proyecto que “atenta contra la seguridad de los datos de las personas”, como explican algunas compañías tecnológicas que se verían afectadas por estas medidas.
Hasta tres comisiones parlamentarias han criticado algunos aspectos del proyecto por ser demasiado intrusivo, e incluso el Comité de Inteligencia y Seguridad había dicho que el proyecto de ley era demasiado invasivo para los potenciales usuarios afectados. A pesar de ello, un comité de diputados aprobó el mes pasado una serie de medidas que incluían polémicos puntos como obtener información “a granel” o la calificación de “aceptable” al acto de hackear cuentas de usuarios en plataformas tecnológicas.
Algunos miembros del Gobierno han expresado su satisfacción por la marcha del proyecto, que permitirá a la policía y a los servicios de seguridad “recoger comunicaciones de acceso y datos de comunicación con sujeción a un régimen regulador sólido", como destaca el Financial Times. No obstante, las mismas fuentes destacan el empeño por preservar la privacidad de los usuarios, por lo que tomarán en cuenta las 86 recomendaciones realizadas sobre el proyecto inicial y mantienen que están abiertos a debatir propuestas que mejoren el proyecto.
Las compañías tecnológicas han expresado su preocupación por un proyecto de ley que, alegan, podría servir de precedente para países como China o Rusia, que preparan una legislación similar. Además, explican que el cifrado que utilizan no les permite tampoco a ellas acceder al contenido de las comunicaciones, pese a que el proyecto sugiere obligarlas a ello siempre que sea posible.
El proyecto de ley también buscará proporcionar mayor seguridad a abogados y periodistas mediante la prevención de la vigilancia de ciudadanos en suelo británico por parte de gobiernos extranjeros, para lo cual será necesaria una orden del ministro del Interior.
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