La noticia fue festejada sin disimulos en los despachos oficiales. Clarín mordió el polvo en una guerra que tenía perdida de antemano, más allá del oxígeno que le diera el juez en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone al respaldar una medida cautelar que presentó la editorial para suspender el artículo 161de la Ley de Medios . Ese ajetreado mes de octubre de 2009 – sanción de la Ley de Medios y defensa jurídica de Clarín – concluyó ayer con el fallo de la Corte Suprema.
Expliquemos la historia. Las relaciones entre el Grupo Clarín y el matrimonio presidencial pasaron de los amores correspondidos a las duras disputas conyugales al término del mandato del fallecido Néstor Kirchner. Cristina, su viuda, no sólo heredó la fortuna personal de Néstor, sino también el encono hacia el diario que preside Hernestina Herrera de Noble y dirige con mano firme Héctor Magneto. A estas alturas, nadie puede poner en duda la capacidad ejecutiva de CFK, como se la llama en Argentina. Antonio Brufau, presidente de Repsol, ya dio cuenta de ello. Otro duro, Magneto, acaba de recibir un golpe que jamás nadie se hubiera atrevido a propinarle en Argentina. Cristina lanzó la bofetada en la madrugada del sábado 10 de octubre de 2009 y alcanzó el rostro de Magneto ayer. Bofetada que representa el desmembramiento del área audiovisual del poderoso grupo de comunicación.
Si bien el artículo 161 afecta a otros licenciatarios de señales audiovisuales, incluso algunos de ellos amigos del poder, da la impresión que “todos son iguales ante la ley pero unos más que otros”. Es el caso de Daniel Vila, titular de Grupo Uno y una de las principales espadas mediáticas del kirchnerismo. Ni lerdo ni perezoso, el mendocino declaró su conformidad con el complimiento de la Ley y el fallo de la Corte de Justicia. Es en esta parte del relato donde se impone la pregunta obligada, ¿por qué entonces el artículo 161 parece estar dirigido casi exclusivamente al Grupo Clarín?
Veamos. El artículo 161 obliga a las empresas de radiodifusión a vender en el plazo de un año los medios que no se ajustan a la ley. Y queda fuera de la ley aquellas distribuidoras de televisión por cable que tenga canales de aire y sólo se permite tener una señal de cable de alcance local. Ninguna empresa puede operar más de diez licencias, siendo hasta el momento 24 las permitidas.
En cuanto a la autoridad de aplicación, el Comfer fue reemplazado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), un ente autárquico formado por dos miembros elegidos por el Gobierno, tres por el Congreso (un oficialista y dos opositores) y dos surgidos de un Consejo Federal dominado por los gobernadores. Está claro que acá tampoco le cierran las cuentas al Grupo Clarín.
Así las cosas, el problema de Clarín se llama Cablevisión. La emisora convive con Canal 13, una de las cadenas – la otra es Telefe, de Telefónica – nacionales con mayor audiencia. Cablevisión, además de superar el límite de cobertura de audiencia nacional impuesta por la ley de medios, que es del 35%, “ luego de la fusión con Multicanal el grupo cubre el 56%, por eso debería desprenderse de varios millones de usuarios”, afirma el subsecretario de Presidencia y ex titular del extinto Comfer, Gustavo López. Enseguida añade que también debería desprenderse de las licencias de cable que posee en la Ciudad de Buenos Aires. “Si decide mantener Canal 13, sólo podrá contar, por ejemplo, con TN (Todo Noticias) y deshacerse de TyC Sports o Canal Metro”, razona. Lo que López parece haber olvidado es que la fusión de Multicanal con Cablevisión fue aprobada por Néstor Kirchner, cuando su mandato expiraba y, con él, la amistad con Clarín.
Clarín involucra a Telefónica
El Grupo sostiene que el resto de los medios está disfrutando de una protección política de hecho, ya que el Gobierno acordó incumplimientos con grupos aliados, como Telefónica, González, Vila-Manzano, Moneta, Szpolski-Garfunkel, Electroingeniería y Cristóbal López, quien le acaba de comprar a Daniel Hadad sus principales medios, entre ellos, cadena C5N.
“Telefónica es el principal operador del sector infocomunicacional. Tiene nueve canales de televisón abierta, cuya transferencia tramitaba el ex Comfer - y ahora Afsca -, que nunca fueron resueltos, porque siempre estuvo prohibido que las licenciatarias del servicio básico telefónico den servicios de radiodifusión, que las empresas de capital español tengan el 100% de licencias de radio y televisión y que las empresas de servicios públicos desembarquen en radiodifusión”, denuncia, y a renglón seguido, asegura que el ex titular de Afsca y actual vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, se cansó de acusar a Clarín por incumplimiento de la ley de medios “y lo intimó en múltiples trámites administrativos y judiciales. Pero no resolvió los expedientes de Telefónica”.
También describe los probables acuerdos o la vista gorda hecha por el Gobierno con el resto de los medios amigos.
Puede que la sangre finalmente llegue al río, pero es casi probable que el cartel “Se Vende”, aparezca en algunos de sus activos a partir del próximo 7 de diciembre, fecha en que Clarín tiene un año para adaptar sus emisoras a la actual Ley de Medios. ¿Quiénes serán los potenciales compradores? Se aceptan apuestas.