La consolidación de Internet ha supuesto un auge, como no se había visto en décadas, de los debates en torno a la libertad de expresión. La Red ha venido a constituirse como un canal imparable de transmisión de datos e información, para lo bueno y para lo malo. La prueba de que los gobiernos miran con recelo este espacio de libertad está en que los regímenes totalitarios de China o Irán controlan con mano férrea lo que hacen sus ciudadanos allí. Pero incluso los gobiernos libres llevan años intentando hincar el diente a un medio tan anárquico y libertario.
EEUU está discutiendo estos días la aprobación de una ley contra el pirateo, que es tan polémica como la que la ministra Sinde dejó en la cartera para su sustituto. El intento de los dos partidos norteamericanos de proteger de una vez por todas los derechos de autor en el ámbito digital ha puesto en guardia a una plétora de actores que van desde las asociaciones de internautas a organizaciones pro derechos fundamentales y a las grandes multinacionales. Estas últimas, en un brindis al sol, están considerando realizar un apagón de protesta. Nadie se lo cree. ¿O se imaginan a las eléctricas cortándonos a luz a todo el país para protestar por la tarifa eléctrica?
El apagón de Internet sería tan destructivo como un ataque nuclear para cualquier economía avanzada. Por eso es poco probable que se lleve a cabo de forma deliberada. Las consecuencias económicas lo hacen peligroso, aunque las razones ideológicas bien merecen una acción concertada y contundente. Porque la Ley SOPA (extraño apelativo para la norma que debate el congreso norteamericano) tiene tal indefinición que su aprobación pondría una espada de damocles encima de todo negocio en Internet. Una intepretación laxa podría suponer el cese de cualquier página por el mero hecho de hacer referencia a un contenido externo sospechoso de vulnerar las leyes de propiedad intelectual. ¿Que su blog dirige a un vídeo de Youtube que se mete con lo mal aparcado que está un camión de Coca-Cola? Pues la multinacional puede ponerle en un apuro por utilizar su imagen corporativa sin permiso.
Es cierto que el ejemplo es extremo, pero no han sido pocos los que han alertado sobre la discrecionalidad que permite la redacción de la polémica norma. Ya saben, aquello de “desea lo mejor, pero ponte en lo peor”.
El periodismo es uno de los oficios que más pueden resentirse con una mala ley de protección de la propiedad intelectual. Un tropezón en este sentido y todas las iniciativas 2.0 y participación ciudadana pueden verse frustradas. ¿Cómo va a controlar un medio todo lo que suben, todo lo que comentan sus lectores? ¿Cómo asegurarse de que no aparece nada que pueda vulnerar una ley tan sensible al más mínimo desmán? Imposible. A la larga, una ley SOPA quizá sea más destructiva que un apagón digital. O una crisis nuclear, vayan ustedes a saber
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