Las relaciones Argentina-UE encuentran un escollo: el mercado digital

Han sido años difíciles para Argentina en lo que respecta a sus relaciones internacionales. Pero poco a poco el país va saliendo de su ostracismo y prueba de ello es la gira que el presidente Mauricio Macri acaba de concluir por Europa.

El mandatario argentino se lleva el respaldo de la canciller alemana Angela Merker a sus medidas de ajustes y el compromiso de aumentar las relaciones entre ambos países, pero también una advertencia de que no será nada fácil llegar a un acuerdo con el Mercosur fundamentalmente en lo que respecta al capítulo agropecuario.

Aunque las sensaciones son buenas, desde la web “New Europe” recuerdan que hay otro punto que puede suponer un obstáculo en las relaciones entre Argentina y la UE: el Decreto que regula el mercado digital.

El pasado 29 de diciembre, Macri puso en marcha un Decreto Presidencial que modificaba la Ley de Medios argentina de 2009 y la Ley de Telecomunicaciones de 2014. Ambas leyes se consideraban problemáticas y excesivamente proteccionistas, en un intento de evitar la concentración de medios para bloquear el crecimiento de compañías críticas con Cristina Fernández de Kirchner como Grupo Clarín (que posee el mayor operador de cable, así como medios impresos, televisión y otros recursos multimedia). La llegada de Macri fue vista como una gran oportunidad para realizar los cambios que necesitaba el sector, pero lo que ocurrió fue que el presidente impuso su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en lugar de buscar el consenso del Congreso.

Además, si el propósito del DNU es promover la competencia y la inversión, en realidad, afirma “New Europe”, lo que hace es proteger a los operadores de televisión por cable argentinos de la competencia, eximiéndoles de la aplicación de la Ley de Medios. En particular, se discrimina a Telefónica, principal competidor de Clarín en el mercado. También, continúa, se limitan claramente las oportunidades de invertir y competir de los competidores extranjeros. Aunque el Decreto tiene ese efecto discriminatorio que restringe la competencia y la inversión, los expertos consideran que se puede corregir si se extiende a todos los participantes de manera equitativa. Según esta web, así se contribuiría a promover la confianza de los inversores del sector privado y aumentaría los beneficios del consumidor. Desde la perspectiva de la UE, los funcionarios podrían ponerlo como condición previa antes de hablar de libre comercio entre regiones.